Mientras en Diputados se discute el proyecto votado por el Senado en octubre pasado, ONGs, sociedades médicas y asociaciones de consumidores reclaman su aprobación. Cómo son las campañas que avanzan en las redes.

#DeFrente, EtiquetadoClaroYa!, PonganFechaYa! Los pedidos se multiplican en posteos, stories, tuittazos masivos y mensajes directos a las diputadas y los diputados: el objetivo es que el proyecto de etiquetado frontal de alimentos y bebidas, con media sanción del Senado desde hace siete meses, se convierta en ley lo antes posible.

Varias ONGs, sociedades médicas, académicas y asociaciones de consumidores comenzaron a motorizar en los últimos días campañas en las redes sociales con datos, explicaciones prácticas y hasta testimonios de personalidades del medio artístico con el fin de incentivar a la población a que se involucre en el proceso y reclamar así la aprobación “sin cambios ni más demoras”.

Conocer lo que consumimos

“¿Conocés de verdad lo que estás comiendo?”. La pregunta irrumpe una y otra vez junto a paquetes de galletitas, gaseosas o barras de cereal y forman parte de la campaña #DeFrente, lanzada en las últimas semanas por la Fundación Interamericana del Corazón (FIC Argentina). La respuesta al interrogante da cuenta de la necesidad de “advertencias claras para tomar mejores decisiones”.

La movida de la Sociedad Argentina de Nutrición y Alimentos Reales (Sanar) se centra en el #EtiquetadoClaroYa: muestra representaciones de alimentos envasados en formatos genéricos con los sellos negros que les correspondería tener si la ley ya estuviera en vigencia, y una campaña de videos en los que participan actrices, actores, modelos y cocineras para exigir el tratamiento urgente de la ley.

“En Argentina sólo el 13% de las personas lee y entiende las etiquetas de los productos”, dice la cocinera Ximena Sáenz. “Queremos saber si lo que comen nuestros hijos esconde algún riesgo”, plantea la modelo y conductora Paula Chaves. “Argentina necesita una regulación seria sobre las publicidades destinadas a niños, niñas y adolescentes”, sigue la actriz Celeste Cid.

La campaña de Sanar también promueve la participación en la plataforma Activá el Congreso, a través de la cual se pueden enviar mensajes a las redes de los legisladores para pedirles que manifiesten de manera pública su posicionamiento con respecto a la ley, por ejemplo, así: “Necesitamos una Ley de #EtiquetadoClaroYa cuanto antes. La salud, la alimentación adecuada y el acceso a la información son derechos. Queremos saber tu posición”.

Qué dice el proyecto de ley

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El sistema de los octógonos negros se utiliza en Chile, México, Perú y Uruguay (Archivo DEF)

En líneas generales, el proyecto de ley aprobado en el Senado el 29 de octubre del año pasado casi por unanimidad y por todas las fuerzas políticas, incorpora advertencias con forma de octógonos negros en el frente de los envases que informen sobre el exceso de los nutrientes críticos: azúcar, sodio, grasas -saturadas y totales- y calorías.

Los productos que superen los valores establecidos por el Perfil de Nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y las autoridades sanitarias nacionales, tienen que decir “exceso en…” el nutriente crítico que corresponda, y también las leyendas “contiene cafeína, evitar en niños/as” y “contiene edulcorantes, no recomendable en niños/as”.

Estos envases no pueden tener información nutricional complementaria, logos o frases con publicidad, promoción, patrocinio o avales de sociedades científicas o asociaciones civiles, ni personajes infantiles, celebridades, deportistas o mascotas y la promesa de entrega de obsequios, premios ni regalos. Y no se pueden vender en las escuelas.

El derecho a ser advertidos

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Infobae habló con integrantes de estas organizaciones -nutricionistas, abogados y sociólogos abocados a la investigación en salud pública y derecho del consumidor- para conocer por qué es necesaria una ley que regule la información de los envases de alimentos y bebidas procesados y ultraprocesados, cuál debe ser el perfil técnico de nutrientes a aplicar y cómo contribuirá en la disminución de los altos índices de enfermedades crónicas no transmisibles que acarrean el sobrepeso y la obesidad.

En primer lugar, la mayoría de las voces aclaran que la información que el proyecto de ley propone para el etiquetado frontal de los alimentos “no es información banal”. Así lo explica Mara García, licenciada en Nutrición, docente, investigadora, magíster en Salud Pública y coordinadora del equipo de etiquetado frontal de alimentos de la Federación Argentina de Graduados en Nutrición (Fagran): “El debate no es sólo acerca de nuestros derechos a ser informados de manera veraz, sino también a ser advertidos sobre lo que consumimos”.

En ese contexto, Ignacio Porras, licenciado en Nutrición y director de Sanar, remarca la importancia de la iniciativa: “La idea del proyecto no es quitar productos de la góndola, sino que las personas tengan la posibilidad de tomar decisiones informadas y, frente a eso, elecciones más libres, no tan manipuladas por el aparato publicitario sino por la decisión genuina de querer comprar algo o no, sabiendo que el producto que están llevando esconde riesgos para su salud, es decir, han sido advertidas y ya lo saben”.

“No es por resolución, es por ley”

“Estamos esperando el dictamen de las cuatro comisiones tratantes en Diputados: Legislación General; Acción Social y Salud Pública; Defensa del Consumidor; e Industria. Ya está aprobado el protocolo para reunirse de manera remota pero todavía no han fijado fecha”, resume a Infobae Victoria Tiscornia, licenciada en Nutrición y magister en Nutrición Humana e investigadora del área de políticas de alimentación saludable de FIC Argentina.

Y agrega: “Recientemente la Argentina presentó su posición como país en el Mercosur que está en línea con la propuesta de la Comisión Nacional de Alimentos (CONAL): reemplazar la leyenda “Exceso en…” por “Alto en…” y modificar el sistema de perfil de nutrientes de OPS por otro cuyos umbrales son más laxos. Si esto avanza, se estaría desoyendo la voluntad legislativa y el aval de organizaciones nacionales e internacionales, y no se permitirá que ciertos productos como bebidas azucaradas que contienen dos cucharadas de azúcar aproximadamente por vaso no lleven el sello de exceso de azúcar”.

En el debate en torno a este proyecto de ley, los especialistas en nutrición mantienen algunas diferencias. Con respecto al perfil de nutrientes de la OPS, el nutricionista Sergio Britos, director del Centro de Estudios sobre Políticas y Economía de la Alimentación (CEPEA), considera que el criterio técnico de la OPS “conduce a arbitrariedades en la forma en que clasifica”. Esta postura también la plantea la Sociedad Argentina de Nutrición (SAN) y la Asociación Argentina de Tecnólogos Alimentarios (AATA), entre otras entidades.

En diálogo con Infobae, Britos explica por qué: “El criterio técnico debe ser riguroso y basado en evidencia científica de manera que una vez aplicado, los productos que terminen siendo desalentados por su alto contenido en sodio, azúcar o grasas saturadas sean estrictamente los alimentos que tienen un contenido alto y son reconocidos como tales también por las guías alimentarias de Argentina. Estas guías señalan cuáles son los alimentos que deben consumirse de manera frecuente o diaria y cuáles de forma opcional u ocasional. Un buen etiquetado frontal de alimentos debe generar mensajes coherentes y consistentes con las guías alimentarias de cada país. Por eso, es central definir el mejor perfil de nutrientes y el de OPS no lo es”.

Tiscornia insiste en que la iniciativa legislativa tiene “un sistema de advertencia basado en los mejores estándares y evidencia libre de conflicto de interés que contempla el perfil de la OPS, porque es el que mejor se corresponde con las recomendaciones de las guías alimentarias para la población argentina, y un sistema gráfico que cuenta con amplia evidencia científica a nivel nacional y regional”.

El 91% de los argentinos apoya los sellos negros

¿Cómo son los sistemas de etiquetados frontales que hay en el mundo? Los tres principales son el de advertencias, como el de los octógonos negros como se utilizan Chile, México, Perú y Uruguay; el NutriScore, que existe en Francia y otros países de Europa y cuenta con cinco colores y escalas, desde verde hasta rojo, pasando por distintos tonos; y el semáforo, como tiene Ecuador, con sus tres colores. En nuestra región, el año pasado Brasil incorporó el sistema gráfico de lupas para avisar si el producto tiene exceso de algún nutriente crítico.

“El sistema de octógonos es el más intuitivo y efectivo porque el consumidor elige en enésimas de segundos; otros sistemas son más complejos”, analiza a Infobae Ignacio Drake, sociólogo, a cargo del área de proyectos de salud de Consumidores Argentinos. Y apunta: “Este proyecto de ley no demoniza: busca informar y advertir a los consumidores para que compren alimentos más saludables y, a la vez, incentiva a la industria a producirlos. Es un buen inicio para discutir entre todos, políticas de alimentación saludable”.

Un reciente sondeo realizado por FIC Argentina indica que los octógonos tienen el apoyo de los argentinos: el 91% de los encuestados apoya su inclusión en el frente de los envases de alimentos y bebidas con exceso en nutrientes críticos.

“Hay interferencias de la industria”

Al momento de responder por qué se demora el tratamiento del proyecto de ley, hay organizaciones que hablan de “interferencias de la industria alimentaria”. Maga Merlo, abogada y coordinadora de Salud de la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps), lo explica en diálogo con Infobae: “Sabemos que están presionando muy fuerte en algunos decisores políticos y que están queriendo introducir ciertas modificaciones en algunos de los artículos del proyecto de ley, que priorizan sus intereses económicos y no la salud ni la alimentación adecuada de los argentinos y las argentinas”.

“Reiteraremos hasta el cansancio -sigue Merlo- que los procesos de elaboración de políticas públicas deben estar protegidos de la interferencia de la industria, luego de tantos años y tantos esfuerzos por lograr una ley con este grado de protección de derechos fundamentales, sería una pena que se viera desvirtuada”.

En esa línea, Porras amplía: “Es importante aclarar que esta ley fue generada con evidencia libre de conflictos de intereses, es decir que no fue financiada por la industria alimentaria, farmacéutica, ni de bebidas azucaradas o artificiales. Reclamamos una decisión política para tratar cuanto antes el tema en el recinto”.

Malnutrición, sindemia y pandemia

El pedido de urgente aprobación de la norma es también un llamado de atención para dar respuestas al contexto de sindemia de afecciones que afecta a la Argentina: la coexistencia de la malnutrición, la inequidad social, la epidemia silenciosa de enfermedades crónicas no transmisibles (obesidad, hipertensión, diabetes, cáncer, enfermedades cardiovasculares, entre otras), todo retroalimentado con la pandemia de coronavirus que hace casi un año y medio tiene en vilo al mundo.

“Es muy preocupante en Argentina el aumento de peso en todos los grupos etarios”, expresa Tiscornia de FIC Argentina. “La última medición del Ministerio de Salud de la Nación, realizada en 2018, muestra cifras alarmantes: 7 de cada 10 adultos tienen sobrepeso y hay una tendencia en aumento del consumo de alimentos procesados con exceso de nutrientes críticos en detrimento de frutas y verduras”.

En la visión de Britos, el etiquetado frontal de alimentos “es una buena herramienta de política alimentaria para promover una alimentación saludable y prevenir el sobrepeso, la obesidad y las enfermedades que, sobre todo, afectan a la población más pobre del país; pero no es la única”.

El especialista sostiene que “debe estar complementada y coordinada con otras estrategias que también merecen la misma atención que el etiquetado frontal: una buena política de educación alimentaria con adecuados diseños de calidad nutricional en comedores comunitarios y escuelas, y políticas de precios de alimentos, en particular los más saludables, que hoy conspiran contra la accesibilidad de la población de menores ingresos”.

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