El duro comunicado emitido por la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal) contra Precios Justos y los cepos que el Gobierno intenta mantener a una canasta de 5.000 productos no es caprichoso.
La advertencia de la entidad gremial empresaria que preside Daniel Funes de Rioja parece haber roto con el Gobierno al considerar que se trata de una propuesta “inviable” que “no es posible ni sostenible” si no se da lugar al entendimiento y al diálogo intersectorial, tiene relación con el derrumbe de las ganancias de la mayoría de las 14.500 empresas a las que representa y que participan en 34 sectores.
De hecho, la dinámica de control de precios impuesta en la última semana por la Secretaría de Comercio también ha causado un fuerte daño a muchas compañías distribuidoras y productoras que operan a pérdida en un contexto económico que no ayuda, es complejo y dónde las principales variables han tenido una fuerte volatilidad.
Las empresas agrupadas en la Copal entienden que la economía argentina ya se encontraba en los últimos años en un proceso de caída de actividad y de alta inflación que se profundizó por la sequía que afectó la región durante el 2022 y este año y que generó fuertes caídas en la producción agrícola, menores exportaciones y consecuentes complicaciones para el ingreso de divisas, afectando aún más las condiciones macroeconómicas.
A esto le suman que continuaron los elevados niveles de inflación y devaluación de la moneda local con una variación acumulada según el IPC del INDEC del 50,7% en el primer semestre, mientras que la devaluación de la moneda ascendió al 44,9%, con proyecciones ascendentes para ambos indicadores durante lo que resta del año.
Cuestionan también que, en este contexto el Gobierno, aun habiendo perdido las PASO, haya profundizado las restricciones cambiarias, como la obligación de obtener autorización previa del BCRA para acceder al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) y la reciente ampliación del alcance del impuesto “Para una Argentina Inclusiva y Solidaria” (PAIS) para incluir en el tributo la cancelación de obligaciones derivadas de la compra de ciertos bienes y servicios adquiridos en el exterior.
Un claro ejemplo
Quizá una demostración del daño económico que las medidas de la administración del presidente Alberto Fernández está causando en el sector alimenticio se pueda encontrar en los resultados recientemente informados por el Grupo Arcor, uno de los mayores y más poderosos dentro de esta industria.
En el informe que el holding envió a la Comisión Nacional de Valores (CNV) correspondiente al primer semestre del año se observa un derrumbe de su rentabilidad en casi $20.000 millones solamente en seis meses si se compara la ganancia de $24.264 millones que generó entre enero y junio pasados y los $43.522 millones de igual período del 2022.
Del mismo modo, sus ventas cayeron casi un 2%, habiendo cerrado en $481.386 millones, de las cuales las generadas por los consumidores representaron el 69,8% del total, mientras que las ventas a clientes domiciliados en el extranjero, que incluyen las exportaciones a terceros desde Argentina, representaron el 30,2%.
En el comunicado, el Grupo Arcor aclara que “en cuanto a la performance general del negocio, es relevante mencionar que el contexto en Argentina, el principal escenario para el desarrollo de los negocios del Grupo, se vio afectado por diferentes factores, tales como la imposibilidad de trasladar a precios el aumento de gastos y costos, la devaluación de la moneda y el efecto que la inflación produjo en el consumo y en el poder adquisitivo de la población”.
Deterioro pronunciado de Arcor
En ese sentido, el negocio del holding con sede en la ciudad cordobesa de Arroyito y controlado por la familia Pagani sufrió un deterioro en el resultado operativo respecto del mismo período del año anterior ya que fue de $30.186 millones y, expresado en términos de ventas, del 6,3%, mientras que en igual período del año anterior fue del 8,3%.
La dificultad para mantener los márgenes operativos en los niveles del año anterior se debió principalmente al incremento de la estructura de costos y gastos consolidados por sobre el incremento de los ingresos.
Además, la ganancia final se vio afectada por los resultados financieros, principalmente, por el incremento de la inflación respecto del mismo período del año anterior que generó un resultado por posición monetaria neta.
Como consecuencia, la ganancia de $24.264 millones, expresada en términos de ventas, representó un 5%, mientras que en el mismo período del año anterior fue del 8,9%.
Inversiones y futuro de la compañía
A pesar de este contexto, el Grupo Arcor puso en marcha un plan de inversiones para mejorar su performance tanto en el mercado doméstico como a nivel internacional con un total de $10.599 millones, más que nada en plantas; propiedades y equipos.
Atento a las perspectivas internacional, regional y nacional, las acciones de Arcor hacia el futuro están focalizadas en “ser una empresa de alimentos y golosinas líder en Latinoamérica y reconocida en el mercado internacional, destacándonos por nuestras prácticas sustentables y por nuestra capacidad de generar nuevos negocios y proyectos de asociación estratégica”, tal como se aclara en el informe.
En este sentido, continuará con la estrategia de focalizarse en los principales negocios como son los de Packaging; Agronegocios y Alimentos de Consumo Masivo (Golosinas, Chocolates, Helados, Galletas, Alimentos y Productos Funcionales), con el objetivo de enfrentar el dinamismo que tendrán las categorías en las que participa.
Otro pilar estará focalizado en priorizar la liquidez y una sana estructura de financiamiento con el objetivo de asegurar el cumplimiento de sus obligaciones y compromisos, como también la adecuada gestión del capital de trabajo y la contención de los gastos fijos, a efectos de poder obtener los fondos requeridos para llevar a cabo las operaciones y proyectos de inversión.
