Tras el cierre de Calcar, ampliamente conocido en su momento, los remitentes buscaron rápidamente alternativas para continuar con su producción.
La planta de Tarariras quedó bajo la administración de un síndico, en medio de gestiones y versiones sobre una posible reactivación parcial a través de una distribuidora, mientras se espera una definición sobre su futuro.
Perrachón señaló que la deuda con el sistema financiero ronda los 26 millones de dólares y que las garantías involucradas podrían incluir tanto instalaciones como responsabilidades asumidas por ex directivos. También advirtió que el funcionamiento previo era insostenible: 110 trabajadores procesando 70 mil litros diarios representaban un esquema ineficiente. Estimó que se necesitarían al menos 150 mil litros por día y un sistema de pago al contado para recuperar parte de la confianza perdida.
Uno de los puntos más delicados es la deuda que la cooperativa dejó con sus remitentes, estimada en 2,4 millones de dólares por más de tres meses de leche no cobrada. Perrachón explicó que, ante la imposibilidad de recuperación directa, se trabaja junto a INALE en un proyecto que permita usar fondos del sistema lechero para cubrir la mitad del monto adeudado, priorizando a los productores más pequeños. La propuesta, que requerirá tratamiento parlamentario, incluiría además un crédito puente mientras se aprueba la ley.
