La creencia que predomina es que Alberto Fernández aplicará una suba. Ante las dudas, el sector ha acelerado la liquidación de sus productos para vender a valores actuales y no arriesgarse ante posibles bajas de precios por cambios al respecto.
Desde la Federación Agraria Argentina (FAA) expresaron su inquietud sobre la decisión que tomará en ese sentido el dirigente del Frente de Todos tras su asunción como Presidente. “La gran intriga del campo es dónde van a anclar las retenciones en el próximo Gobierno”, señaló hoy durante una entrevista radial el titular de la entidad, Carlos Achetoni. “Necesitamos algunas definiciones”, afirmó el directivo, a la vez que consideró que, a su juicio, la Administración entrante podría “subir las
“Fernández ha transmitido que necesita de mayores recursos fiscales y que determinados sectores deberán poner el hombro, entre ellos el campo. La lectura que se sigue es que subirá los Derechos de Exportación”, afirmó el economista jefe del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral) de la Fundación Mediterránea, en diálogo con El Economista.
Actualmente, los granos pagan una alícuota de 6,7%, con excepción de la soja, que tributa 24,7%. “El interrogante actual es a cuánto se irán estas alícuotas cuando asuma Fernández. Hay que recordar que en tiempos de Cristina Kirchner (como Presidenta del país) la retención a los granos no bajó de 20% y la soja no bajó de 35%. Existe temor en el sector respecto de la intención de volver a esos niveles de alícuotas”, aseguró Garzón.
Según el especialista, el problema de volver a las tasas de la gestión de Cristina Kirchner es que no hay suficiente espacio como lo había aquel momento: en su primer mandato, los precios internacionales estuvieron más altos que ahora, a lo que se sumaba también un tipo de cambio competitivo; en el segundo mandato, los precios internacionales estuvieron aún más altos, con récord de soja, que llegó a cotizar US$ 600 la tonelada en puertos de exportación, lo que hoy está en US$ 350.
“Intentar volver a esas tasas de estos momentos, pero sin los precios internacionales ni el nivel del tipo de cambio, es poner en riesgo el negocio agrícola de muchas zonas alejadas de los puertos, de zonas no tan alejadas pero de suelos de baja productividad, y de segmentos de productores de pequeña y mediana escala, que operan a costos medios usualmente más elevados”, advirtió Garzón. “Se trataría de una política que puede tener el efecto recaudador esperado en la primera campaña, pero luego ir diluyéndose en las siguientes, dado el ‘efecto desincentivo’ sobre la producción antes mencionados”, remarcó.
Asimismo, también hay dudas respecto a otros productos del campo, también relevantes, como las cadenas de carnes y lácteos. “No está claro si Fernández decidirá también subir retenciones sobre estos otros productos. Esperemos que no lo haga. En el caso de la carne bovina, esa cadena viene con un envión muy importante en los últimos meses, lo que genera gran crecimiento de las exportaciones. Si Fernández decide aumentarles la carga tributaria, puede poner en riesgo ese proceso expansivo. Algo similar en caso de los lácteos, que además necesitan seguir creciendo mucho en exportaciones para poder pagar mejor la leche cruda”, aseguró Garzón.
Los Derechos de Exportación son un impuesto que se restableció con la emergencia económica en 2002, que estuvo presente durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, que Macri durante su mandato había decidido eliminar, y que de hecho redujo la carga tributaria sobre muchos bienes. Pero luego, en agosto del año pasado, también por urgencias fiscales, debió volver a aplicar en forma generalizada. Desde que se volvieron a aplicar las retenciones, entre 65% y 70% de la recaudación provino de las exportaciones de las cadenas de granos y de sus productos industriales derivados.
En líneas similares, desde Ecolatina prevén que Fernández endurecerá la presión tributaria e implementará gravámenes diferenciales para el sector agropecuario, “en donde a mayor valor agregado, la carga impositiva se relaje”. “Producto de las especulaciones en torno a la sanción de una ley de ‘emergencia alimenticia’ u otras políticas que intenten abaratar el precio interno de los alimentos, las chances de la aplicación de Derechos de Exportación al maíz se incrementan”, sostuvieron en su último informe.
En su análisis, la consultora aseveró que durante el próximo año el principal desafío de la economía del país serán los vencimientos de deuda pública relevante, especialmente, aquellos nominados en moneda extranjera, los cuales alcanzan alrededor de US$ 20.000 millones, que representa 5% del PIB. “En un contexto de mercados de crédito cerrados –donde el nuevo Gobierno podrá intentar abrirlos para refinanciar una parte de los compromisos–, el ingreso de divisas por exportaciones netas cumple un papel central”, explicaron.
Ecolatina señaló que durante los primeros nueve meses de este año, dos de cada tres dólares que ingresaron al país por ventas externas de bienes correspondieron al sector agropecuario. Dado que no habrá cambios estructurales en el corto plazo, y que los intentos por diversificar las exportaciones no han arrojado importantes resultados, estiman que durante el próximo año el desempeño será similar.
