La noticia cayó como un balde de agua fría en el sector agropecuario. Luego de que Alberto Fernández anunciara la intervención del grupo Vicentin, las entidades del campo apenas pudieron reaccionar.
Con el correr de los minutos algunos ex funcionarios y dirigentes agropecuarios comenzaron a opinar sobre la decisión del Gobierno, algunos a favor y otros en contra.
En diálogo con TN, el exministro de Agroindustria durante el gobierno de Mauricio Macri, Ricardo Buryaile, dijo que se está creando un “gran monstruo de aporte estatal que va a intervenir muy fuerte en el sector alimenticio”.
Y agregó: “Esto puede tener una incidencia importante para el precio de las oleaginosas en la Argentina. No es un dato menor que el Estado, con una empresa detrás como YPF, entre en este mercado”.
En tanto, el último titular de la cartera de Agricultura durante el macrismo, Luis Miguel Etchevehere, relacionó esta decisión con las medidas tomadas por Venezuela durante el chavismo, y en su cuenta de Twitter la catalogó como “una muy mala noticia”.

Muy mala noticia la intervención / expropiacion de Vicentin por Decreto. El Estado se mete en una aventura empresarial que ya sabemos que termina con todos los argentinis pagando la fiesta.

— Luis Etchevehere (@lmetchevehere) June 8, 2020

Los acreedores y la dirigencia agropecuaria
En su discurso, Fernández afirmó que muchos productores que no recibieron el pago de parte de Vicentin (se calculan unos 2600) “estarán satisfechos por la intervención estatal de la firma”.
En ese sentido, el presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), Matías de Velazco, afirmó: “Al productor no le gusta la intervención del Estado en los mercados. Está claro en la reacción negativa que tuvo el campo cuando se comenzó a hablar de volver a una Junta Nacional de Granos”.
En cambio, Eduardo Buzzi, ex titular de Federación Agraria Argentina (FAA), explicó a TN que es “una medida oportuna que viene a salvar el interés de muchos productores de una empresa que es parte de la burguesía nacional”.
Buzzi recalcó que es oportuno que el Gobierno tome cartas en el asunto, y destacó: “El Estado viene a salvar a una empresa para que no quiebre y para que no quede en manos de firmas extranjeras”.
Mientras tanto, la Sociedad Rural Argentina se mostró “preocupada por la intervención”. “La historia nos demuestra que las intervenciones del Estado en el comercio de granos en particular y los mercados agropecuarios en general han creado siempre severas distorsiones, que terminaron provocando problemas más graves que los que se pretendía solucionar”, apuntaron.
En el otro extremo, Carlos Iannizzotto, presidente de Coninagro, avaló la decisión del Gobierno y resaltó que se busque “sostener las fuentes de empleo”. “Hay que asegurar que el productor esté a salvo, en particular el tambero de esa zona”, agregó.