La resolución de la CNMC por presuntas prácticas ilegales consistentes en intercambios de información sobre los precios de la leche que se pagaban a los ganaderos entre los años 2000 y 2013 abriría la posibilidad de que los ganaderos afectados puedan solicitar indemnizaciones de hasta el 10% de lo facturado en ese periodo, siempre que la Audiencia Nacional confirme dicha resolución.
Las fuentes consultadas señalan que, si el futuro inmediato del sector lácteo va a estar condicionado por la pugna en torno a los 1.200 millones de euros en que se estima el montante total de las posibles indemnizaciones a los ganaderos, siempre que la Audiencia Nacional así lo determine, habrá dos consecuencias inmediatas.
Por un lado, el previsible colapso financiero de buen parte de la industria láctea, que no podrá hacer frente a una exigencia económica de esa magnitud. Por el otro, la ruptura del actual sistema de gestión del negocio lácteo, fruto de un modelo de relaciones entre las empresas y los ganaderos que nada tiene que ver con el del periodo juzgado por la CNMC.
Una de las características más destacables del modelo actual es que, por ejemplo, se centra en la puesta en marcha de programas de colaboración mutua para garantizar el relevo generacional en las granjas familiares. En la última década, señalan las fuentes consultadas, se han ejecutado inversiones millonarias para garantizar ese relevo generacional, eludir cualquier riesgo de abandono de las explotaciones y asegurar la supervivencia de las granjas familiares como eje de la viabilidad de todo el modelo lácteo.
Las explotaciones ganaderas están en situación inestable. En los últimos veinte años su número ha caído en un 75%, con las granjas lecheras gallegas y asturianas a la cabeza de los abandonos. Los planes de relevo generacional son imprescindibles para garantizar su futuro a medio y largo plazo. Sin ellos, coinciden todo lo expertos consultados, la consecuencia inmediata es el abandono de las explotaciones, él incremento del éxodo rural, el despoblamiento y el colapso de buena parte de las políticas y estrategias de desarrollo regional por parte, sobre todo, de los gobiernos de las Comunidades Autónomas de regiones como Galicia, Asturias, País Vasco, Castilla y León y Cataluña.
