Mientras los productores rurales realizan asambleas en distintos puntos del país para manifestar su rechazo al incremento de la presión impositiva, vía subas de retenciones y de los impuestos provinciales y municipales, la dirigencia sectorial mantiene un canal de diálogo abierto con el Gobierno, a fin de intentar al menos algunos gestos que permitan descomprimir la situación de algunas cadenas productivas.
Es que tras el cambio en los derechos de exportación, que quedaron en 30% para la soja y 12% para los cereales, y la potestad que le otorgó la ley de Emergencia para subir esas alícuotas otros 3 puntos porcentuales hasta fines de 2021, el presidente Alberto Fernández les aseguró a los dirigentes de la mesa de enlace que cualquier otra modificación que afecte al campo se haría con el aval sectorial.
Desde ese momento se suceden los contactos informales y reuniones de las entidades rurales con el ministro de Agricultura, Luis Basterra. Ya recibió a la cúpula de Coninagro, a asociaciones ligadas a Federación Agraria (FAA) y visitó esta semana CRA. También hace unos días les concedió tres horas de audiencia a los productores del NOA y NEA, que le plantearon la situación de quebranto para la región que significa el alza de las retenciones y pidieron medidas urgentes para revertir la drástica pérdida de competitividad.
Todo en un clima cordial, en el que abundan desde el lado del Gobierno las consultas sobre el humor de las bases productivas y el reconocimiento de la problemática de las distintas actividades, aunque prima la situación de emergencia del país como argumento central para dejar para más adelante medidas en favor de la producción.
En esas conversaciones, según pudo reconstruir , se van perfilando iniciativas que el sector reclama tras denunciar que el alza de retenciones implica una transferencia de otros u$s 2700 millones desde los productores al Estado.
Un cronograma cierto de baja gradual de las retenciones que pagan la soja, los cereales y otras producciones forma parte de esas charlas de los ruralistas con Basterra.
Es que tener en previsibilidad en cuánto se va a pagar de derechos de exportación y por cuánto tiempo es un pedido casi permanente de los productores que, al momento de definir una siembra, “necesitan no solo la información de hoy sino que la regla no cambie cada 2, 3 o seis meses”; manifestó un dirigente.
Si bien desde el ruralismo verían como un gesto el establecer un plazo para reducir o eliminar de manera gradual los derechos de exportación, también son conscientes de que el esquema actual, aunque con tope fijo de $ 4 por dólar, tenía fecha de vencimiento en diciembre de 2020, de acuerdo con lo prometido por Mauricio Macri en su momento, y eso no se cumplió.
Por eso, además esperan para las próximas semanas anuncios en cuanto a las economías regionales. Muchas de ellas quedaron con derechos de exportación superiores al 5% que venían tributando con el esquema de $ 4 por dólar.
Tal es el caso de la lana, el maní; el arroz; el maíz pisingallo; las carnes, la harina de trigo, la leche en polvo y las legumbres, que quedaron con una alícuota de 9%.
También consideran fundamental un gesto para el trigo. El cereal viene de dos campañas con expansión en el área sembrada y producción por encima de 19 millones de toneladas. En el campo hablan de un posible recorte para la siembra del grano, que arranca en mayo, por la suba de costos, el elevado nivel de retenciones y el resto de la presión tributaria.
