El ruido de los bombos la interrumpe en cada frase. Ya pasaron 20 días desde que Alejandra Bada Vázquez, la dueña de la empresa Lácteos Vidal, denunció que la pyme había quedado paralizada por un reclamo de los trabajadores adheridos al gremio Atilra. El conflicto sigue. La empresaria teme que esta situación se extienda en el tiempo y la lleve a cerrar la planta en Moctezuma, un pueblo de 450 habitantes cerca de Carlos Casares.
“No sé si estás escuchando los bombos; afuera está el delegado gremial de Villa Devoto con otras 25 personas del gremio tocando”, dice a LA NACION. Tras los bloqueos en ese establecimiento del barrio porteño, donde se elabora y hay un depósito, al delegado de Atilra de Buenos Aires se le imputó en una causa y se le negó el ingreso ante un escribano público hasta que se resuelva su situación.
Mientras esto cuenta desde la planta en Villa Devoto, la sorpresa estuvo entre el miércoles de la semana pasada y ayer en la fábrica de Moctezuma. Entre esos días tuvo dos inspecciones, del Ministerio de Trabajo provincial y de la Nación.
“De golpe cayeron dos inspecciones y querían dejar entrar a [Gastón] Moreno -el secretario seccional de Atilra Trenque Lauquen-. Pero solo entró el delegado de Moctezuma. Nosotros no tenemos por qué dejar que un dirigente ingrese a la fábrica. Uno de los dos inspectores decía que tenían órdenes y el Ministerio debería ser neutral”, dijo.
Las dos inspecciones habrían sido originadas por los reclamos de los trabajadores en medio de un pedido por una nueva enmarcación de las categorías por antigüedad de 20 trabajadores. A esto se le suma la inspección de la caldera que, según argumentan los empleados, no tendría la prueba hidráulica y una certificación para los empleados encargados de manipularla.
“Se han saltado todas las normas que se hacen cuando es un paro o una huelga legal, acá no hay ley. La semana pasada nosotros tuvimos apretadas de empleados, que no los dejaban entrar a trabajar. Tenemos un bloqueo y la ley sigue al margen. Esperamos que la Justicia intervenga urgente, porque ir a trabajar y producir es un derecho que tiene que ser respetado ante la ley”, señaló e insistió en que las autoridades actúen y se haga respetar la ley.
La empresaria pidió una solución urgente antes de que la situación de la empresa se agrave. “La conciliación obligatoria fracasó porque esto es un bloqueo ilegítimo, es un delito. Estamos esperando que la Justicia intervenga, que actúe antes de que nos fundamos”, advirtió. En Moctezuma, dijo, no pueden procesar toda la producción que hacen normalmente por la falta de personal para hacer las tareas, ya que trabajan a menos de la mitad de la capacidad productiva. La semana pasada, la empresa decidió contratar a tres nuevos empleados para evitar que la leche que llega a la planta “se pudra” y poder continuar con los compromisos.
Este martes, por ejemplo, la planta de Moctezuma trabajó con 20 empleados de los 49 que son ahora en total. “Hay muchos empleados asustados en sus casas, porque fueron a apretar a la gente y también los apretaron a la salida del trabajo”, contó Bada Vázquez.
El conflicto comenzó el 18 de julio pasado. En ese entonces, los delegados del gremio se instalaron con carpas, a pocos metros del ingreso de la planta. El 20 de ese mes se dictó la conciliación obligatoria hasta el 9 de agosto. El 10, en el transcurso de la noche, el conflicto se reinició.
“Si seguimos así vamos a tener que cerrar la fábrica, no podemos continuar así. Estamos subsistiendo y desangrándonos. No sé con qué fin se hace el bloqueo”, agregó. Desde que se desató la medida de fuerza, contó la empresaria, “están suspendidas las exportaciones” de la firma.
En Moctezuma se elaboran quesos blandos, semiduros y duros, crema, manteca y ricota, dulce de leche. La planta es de exportación a la Unión Europea; hacia allí se envía mozzarella. Además, se elabora leche en polvo para Bolivia y suero para China y Corea del Sur.
La semana pasada, integrantes de Atilra y los empleados adheridos al paro que acampan en las inmediaciones de la planta organizaron una movilización por la localidad. Frente a esta situación, la empresaria indicó que los habitantes “tienen derecho a vivir tranquilos”.
“Necesitamos que liberen Moctezuma, han armado ollas populares y entregado bebidas gratis. Si seguimos así vamos a tener que cerrar la fábrica y el pueblo va a quedar fantasma. El tiempo se está acabando y los puestos de trabajo están en un serio riesgo de perderse”, advirtió.
Ayer se conoció que el fiscal Fabio Arcomano solicitó al jefe del grupo operativo de la DDI de Carlos Casares que se tome declaración de los empleados que habrían denunciado “aprietes” y la imposibilidad de ingresar a trabajar, en medio de una causa iniciada por el abogado de la empresa, Juan Beluardo.
Las consecuencias de lo que sucede en las afueras de la fábrica de Villa Devoto, contextualizó la dueña, en tanto lo ven reflejado incluso en las ventas locales de los productos que elaboran y comercializan en el barrio. “Los clientes tienen temor de acercarse; no estamos pudiendo operar normalmente. Eso va en perjuicio de la empresa y de lo que se puede recaudar para pagarle al personal. Necesitamos ayuda de la Justicia, que las autoridades puedan intervenir, que se cumpla la ley y que me dejen trabajar y producir tranquila, así puedo pagarle los sueldos a los empleados”, pidió.
Fuentes del Ministerio de Trabajo indicaron a LA NACION que, efectivamente, se hizo una inspección laboral en la planta de Moctezuma y “se constató el normal funcionamiento”, además de que tanto el ingreso como el egreso de trabajadores y camiones se realiza normal y habitualmente.
