Según le manifestó Alejandra Bada Vázquez a Campolitoral, esto es lo mismo que salió en septiembre de 2022. “Se trata de la misma cautelar, con la única diferencia que de 26 despedidos nos falta acordar con 8, quienes estarían en condiciones de reincorporar, pero eso no va a pasar, porque es una obligación imposible de cumplir”, sentenció.
La titular de la empresa, disparó contra la Justicia. “Sabemos que la Cámara de Apelaciones está captada por la mafia sindical, a la gente que despedimos es sin fueros y tenemos el derecho a hacerlo; pero esto es cuestión de tiempo”, analizó. Por otro lado, expresó que respecto de esos trabajadores “el gremio cada vez los hunde más, porque ahora la empresa (en un acto de buena voluntad) tiene ganas de terminar el conflicto, y estamos haciendo acuerdos, pero ellos le siguen mintiendo a la gente con algo que no es posible, con esto que se los va a reincorporar y es algo que no va a ocurrir, no los vamos a reincorporar, y tampoco les vamos a pagar un suelo por no trabajar. ¿Hasta cuándo va a seguir esa mentira?”, se preguntó. Bada Vázquez detalló que ahora es el gremio (ATILRA) quien les paga el sueldo “para que sigan haciendo conflicto, pero bueno, si no lo resuelve la Sala 9 lo hará la Corte Suprema de Justicia”.
Respecto a las astreites (*), sostuvo que no hay nada firme. “Y el mismo juez que había suspendido la cautelar y después que el gremio lo apretó sacó una resolución para aumentarlas de 10 a 50 mil. La Sala 9 la manda ejecutar desoyendo lo que dijo el Fiscal, pero está todo apelado, y si es necesario llegar a la Corte, lo haremos”.
Por último, analizó que hay cambios de fondo en la sociedad, que le van a jugar a favor. “Lamentablemente esta gente, como no tiene razón, apela a seguir con el verso de la huelga que no fue, y mientras tanto intentar conservar sus privilegios. Pero los cambios en la sociedad, se está viendo que esos privilegios que han disfrutado durante tanto tiempo se les están terminando”.
(*) Astreintes son las sanciones valuadas en dinero contra el deudor que demora el cumplimiento de una orden judicial, y que son requeridas por el juez a razón de una suma de dinero por cada día, cada semana o cada mes en que un deudor retarda el cumplimiento de una obligación determinada mediante una resolución judicial.
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