Junto con la extensión por 60 días del programa de Precios Máximos, la resolución 200/2020 de la secretaría de Comercio Interior renovó la intimación a las empresas que fabrican las 2.000 artículos incluidos a producir al máximo de su capacidad instalada, en un contexto en que los precios no se han actualizado, las empresas atraviesan dificultades de todo tipo y la demanda está lejos de incrementarse, como consecuencia de las restricciones impuestas por el gobierno para enfrentar la pandemia de Covid-19.
La misma resolución que congeló los precios de esos productos hasta el 30 de agosto dispuso: “Intímase a las empresas que forman parte integrante de la cadena de producción, distribución y comercialización de los productos incluidos en los Artículos 1° y 2° de la Resolución Nº 100/20 de la Secretaría de Comercio Interior y sus modificatorias, a incrementar su producción hasta el máximo de su capacidad instalada y a arbitrar las medidas conducentes para asegurar su transporte y provisión durante el período de vigencia de la presente resolución”.
De este modo, la norma extendió lo que ya estaba dispuesto desde el 19 de marzo, buscando evitar que el rechazo al retirado pedido de un ajuste de precios en los alimentos tenga como respuesta el desabastecimiento de los mismos en algunas categorías.
“La norma es inaplicable, ya que siempre es muy difícil llegar al máximo de la capacidad instalada, pero mucho más en este contexto, en el que las empresas no acceden a capital de trabajo, salvo que sea propio, no reciben en ningún caso una demanda fuerte y además no cuentan con todo su personal”, señaló Daniel Funes de Rioja, presidente de la Coordinadora de Industrias de Productos Alimenticios (Copal). En promedio, las empresas del sector tienen una deserción del 20 al 30% de su personal por todos aquellos trabajadores exceptuados por integrar grupos de riesgo.
La logística también podría traer dificultades para hacer llegar los alimentos a los 270.000 puntos de venta de todo el país, considerando las demoras y las restricciones que traerán todas las decisiones vinculadas a la cuarentena que hoy comenzaron a implementarse. En ese sentido, la “intimación” oficial también podría volverse dificil de concretar.
“Hoy, dependiendo de las categorías, la demanda está al 20 o al 50 por ciento, lejos de llegar a máximos. Hoy no compra el que quiere comprar, sino únicamente el que puede pagar,” aseguró Funes de Rioja ante la consulta de Infobae.
Consultado sobre si hay riesgos de desabastecimiento, explicó que no se han registrado pero que “podrían darse”. Y apuntó a que las causas pasan por la adecuada provisión de insumos, en particular importados, y no por los precios. Las normativas del control de cambios dictadas por el Banco Central focalizadas en las importaciones hicieron mella en ese circuito en diversos sectores. Pese a ello, Funes de Rioja reconoció que “se está mejorando” el acceso a las divisas para los exportadores, en la medida en que el Central fue flexibilizando algunos aspectos de su normativa.
Otro aspecto de la resolución que podría volverse controversial no tiene que ver con la producción de alimentos sino con su distribución. La logística también podría traer dificultades para hacer llegar los alimentos a los 270.000 puntos de venta de todo el país, considerando las demoras y las restricciones que traerán todas las decisiones vinculadas a la cuarentena que hoy comenzaron a implementarse. En ese sentido, la “intimación” oficial también podría volverse difícil de concretar.
Según los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) de abril, los últimos disponibles, el sector de alimentos y bebidas exhibió una utilización de la capacidad instalada del 59,7%, con los desempeños más altos en las plantas productivas de carne vacuna, carne aviar y productos lácteos. El promedio del sector industrial en su conjunto alcanzó al 48% de ocupación, dado que en abril hubo sectores, como el automotriz o la producción de cigarrillos que tuvieron inactividad total.
El segundo sector con mayor uso de la capacidad instalada fue papel y cartón (59,9%), seguido del rubro alimenticio, con 59,7%, y en cuarto lugar se ubicó el sector de edición e impresión, con una utilización de las instalaciones del 57,6%. En todos los casos, son rubros ligados a las actividades esenciales.
En los considerandos de la resolución que prorrogó los precios máximos y la intimación a producir al máximo de la capacidad instalada, la secretaría de Comercio Interior que conduce Paula Español consideró que se verificaron “aumentos generalizados en el precio de venta de productos tanto de alimentos para la población, así como también, de productos de higiene y cuidado personal; dichos aumentos, por parte de empresas de diversa capacidad económica, resultan irrazonables y no se corresponden con las variaciones recientes de las estructuras de costos de producción”.
Mayor fiscalización
Asimismo, el gobierno promete una mayor fiscalización de todo el proceso de control de precios. Español y sus pares de los gobiernos provinciales de todo el país acordaron “reforzar las inspecciones en todos los distritos para asegurar el cumplimiento de precios y el abastecimientos de alimentos, bebidas, artículos de higiene personal y de limpieza en toda la cadena de producción, distribución y comercialización del país”, según informó Comercio Interior a través de un comunicado.
La Secretaría lleva contabilizadas 20.000 inspecciones en todo el país, que se realizan de manera coordinada entre Nación, provincias y municipios. Los funcionarios distinguieron la relevancia de las fiscalizaciones al momento de evitar la dispersión de precios y garantizar el abastecimiento en los comercios, y acordaron que “será una herramienta fundamental para los próximos 60 días”.
En ese comunicado, Español ratificó que “el congelamiento de precios continúa” y advirtió que “no están autorizados ningún tipo de aumentos”.