La Justicia ordenó suspender cualquier escisión vinculada al patrimonio de la firma Lácteos Vidal, la pyme que denunció un bloqueo sindical en 2022 y que mantiene una disputa judicial con un grupo de extrabajadores despedidos. La compañía, de la familia Bada Vázquez, tiene su planta en Moctezuma, partido de Carlos Casares.
A comienzos de agosto, la empresa había transferido patrimonio por $1.400 millones a cuatro sociedades vinculadas con la familia: María Facunda SA, María La Santa SA, La Vidalita SA y Agropecuaria La Constancia SRL. Según los registros, antes de esa operación Lácteos Vidal contaba con un activo de $13.688 millones, un pasivo de $2.368 millones y un patrimonio neto de $11.320 millones. Tras la escisión, los activos se redujeron a $12.288 millones, con el mismo pasivo y un patrimonio neto de $9.919 millones.
En el marco de la causa Claudio Anidos contra Lácteos Vidal, y a pedido de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera (Atilra), el juez José Ignacio Ramonet, del Juzgado de 1ª Instancia del Trabajo N.º 69, dispuso la prohibición de toda escisión patrimonial como la realizada. El magistrado también ordenó a la Inspección General de Justicia (IGJ) y a la Dirección de Personas Jurídicas de la provincia de Buenos Aires abstenerse de registrar actos vinculados a este proceso.
Ramonet fundamentó la medida en la verosimilitud en el derecho y el riesgo de que se reduzca el patrimonio de la compañía en el actual escenario. En su resolución, hizo lugar a la medida cautelar de no innovar sobre el patrimonio de Lácteos Vidal y dispuso la suspensión de todo perfeccionamiento o instrumentación de escisiones societarias, incluyendo las publicadas en el Boletín Oficial del 5 de agosto de 2025.
El conflicto entre la firma y sus trabajadores se originó en julio de 2022, cuando la pyme despidió a 26 operarios tras denunciar un bloqueo. Según la empresa, esa acción quebró la confianza necesaria en quienes manipulan un alimento sensible como la leche. Parte de los despedidos alcanzaron acuerdos, otros iniciaron reclamos judiciales y el juez Ramonet llegó a imponer multas y embargos a la firma por no reincorporar personal.
Hasta el momento, desde Atilra no realizaron declaraciones públicas sobre esta resolución. Por su parte, en la empresa señalaron que aún no habían sido notificados del fallo.
Fuente: La Nación
