Lo mismo sucede con el estado de Yucatán, al haber adquirido papeles por 2 mil millones de pesos (los habría adquirido el gobierno de Yvonne Ortega). No hay garantías para cobrarlos.

*

ESCORFIN Y CORAFI, EMISORES

Se trata de un grupo de empresarios que ha emitido certificados bursátiles privados, pero sin garantías de poderse pagar. Por un lado, está el empresario yucateco Roberto Guzmán (Grupo Escorfin), que, a través de Posiciones Estratégicas en Cartera SAPI de CV, o a través de Servicios Inmobiliarios de Posturas (SIPO) habría emitido alrededor de 4,500 millones de pesos en los últimos diez años.

Por otro lado, se encuentra René Dávila, empresario chiapaneco que habría emitido alrededor de 5,500 millones de pesos mediante su Financiera Corafi.

El problema es el valor de los activos de estos empresarios. Sus activos apenas y valen una quinta parte de su deuda colocada, con lo cual no hay respaldo a esos papeles emitidos.

Han colocado papeles a tesorerías de gobiernos estatales, a universidades públicas, a fondos de pensiones estatales, a agencias del gobierno federal como Segalmex y Liconsa.

*

TOMARON BURSAMÉTRICA CASA DE BOLSA

Incluso, en los últimos meses buscaron usar la casa de bolsa Bursamétrica para seguir emitiendo papel. Resulta que en noviembre del año pasado lograron remover al presidente del Consejo de Administración, Ernesto O’Farril, así como a sus inversionistas y consejeros. Y ahora a través de Bursamétrica Casa de Bolsa han tratado de seguir vendiendo sus papeles.

Con todo y esas últimas colocaciones, no les ha alcanzado para cubrir los últimos vencimientos. Ahí está Liconsa y Segalmex, o el gobierno de Yucatán, envueltos en un posible fraude.

*

O´FARRIL LOS DEMANDÓ; CNBV INVESTIGA

Ernesto O´Farril terminó demandándolos por usar la marca Bursamétrica de manera indebida. Desde la salida de O´Farril, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores no ha aprobado ninguno de sus acuerdos de las asambleas de la casa de bolsa.

En febrero pasado, también la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, presidida por Juan Pablo Graff, les envió un oficio para pedirles información sobre qué órgano de la Casa de Bolsa autorizó la venta de papel de Corafi, cómo fue la venta y cuál es la relación de inversionistas que compraron su papel. La vicepresidenta de la CNBV, Mireya Suárez, ha estado atenta al tema.

Podríamos estar frente a un esquema Ponzi de fraude, donde estos empresarios, al no tener activos para respaldar su papel de deuda, siguen colocando, y con el dinero de las nuevas colocaciones pagan los vencimientos. Y la montaña de deuda aumenta sin garantías de ser pagada. Sería el fraude más grande de deuda privada del país y habrá muchos defraudados.