La Xunta de Galicia y la organización agraria ASAJA instan al Gobierno central a aplicar con rigor la Ley de la Cadena Alimentaria. Denuncian que la industria está imponiendo contratos a la baja que no reflejan la realidad operativa de los establecimientos especializados.
El sector lácteo en España, con especial foco en la cuenca gallega, atraviesa un momento de alta conflictividad administrativa. Las autoridades regionales y los representantes de los productores han manifestado su preocupación ante lo que consideran una falta de supervisión del Ministerio de Agricultura en la validación de los contratos lácteos, los cuales estarían situándose por debajo de los costos de producción técnica.
El reclamo por la Ley de la Cadena Alimentaria
El eje del conflicto se centra en la efectividad de la normativa vigente para proteger la rentabilidad de las unidades productivas:
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Contratos No Rentables: ASAJA denuncia que las plantas industriales están presentando ofertas de renovación con precios que no permiten cubrir los costos de alimentación, energía y mano de obra de los establecimientos especializados.
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Intervención de la Xunta: El gobierno de Galicia ha solicitado formalmente al Ministerio que las inspecciones de la AICA (Agencia de Información y Control Alimentarios) sean más exhaustivas para evitar que se firmen acuerdos “a pérdida”.
Transparencia en los Costos: Se exige la publicación de índices de costos actualizados que sirvan de referencia obligatoria para que las unidades de procesamiento no puedan imponer valores arbitrarios.
Impacto en la sostenibilidad del sector
La falta de un precio que asegure el margen operativo está provocando consecuencias estructurales en la cuenca española:
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Cierre de Explotaciones: Al igual que en otras regiones globales, la rentabilidad negativa acelera el abandono de la actividad en las zonas rurales, reduciendo el número de unidades productivas activas.
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Descapitalización: Sin capacidad de ahorro, los establecimientos especializados postergan inversiones en bienestar animal y tecnología, afectando la competitividad a largo plazo de la industria nacional.
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Presión en la Negociación: La industria justifica los precios a la baja basándose en la evolución de los mercados internacionales, mientras que los productores sostienen que los costos internos no han descendido en la misma proporción.
Hacia un modelo de negociación equilibrado
El pedido de Galicia y las organizaciones agrarias busca establecer un “suelo” de protección para el eslabón primario. Para las plantas industriales, el desafío radica en trasladar estos costos a la distribución y al consumidor final sin perder cuota de mercado. La resolución de este conflicto en España será un caso testigo sobre la capacidad de las regulaciones estatales para ordenar una cadena láctea que, a nivel global, muestra signos de agotamiento por la presión de los costos operativos.
Fuente: Agrodigital
