En 2004 se establecieron al menos seis medidas para que fuesen consideradas en los actos o contratos de procesadoras en el mercado de la adquisición y procesamiento de leche bovina.
Esto, porque se detectó que el mercado tenía “imperfecciones” y una “falta de transparencia” que debían ser corregidas para evitar acciones estratégicas de las empresas que derivasen en una restricción de la competencia.
Dentro de ellas, están los listados de precios de compra del producto. Y fue precisamente esto lo que Nestlé incumplió, según evidenció la Fiscalía Nacional Económica.
Habría sido al menos durante los últimos cuatro años que la empresa tuvo actitudes que infringieron aquella sentencia, entre ellas, pagar mayor precio a ciertos grupos de productores en desmedro de otros.
Esto se hacía, por ejemplo, agregando una bonificación por cantidad de litros entregados, pero no se especificaba cómo se podían agrupar los lecheros para aquellos extras.
Recién en abril de 2019 se incluyeron de manera indirecta los grupos de productores para acceder a este bono, pero no se detalló en los requisitos, como la cercanía geográfica, o los grupos familiares afines.
Los documentos también evidencian que al menos hasta diciembre de 2018, cerca de un 20% de los productores estuvo o formó parte de un “grupo informal”, por los criterios no publicados en las pautas.
En tanto, un 70% de los lecheros no accedían a estos grupos, y solo trabajaban y obtenían los bonos por volumen anual de entrega en litros de manera individual.
Por esto, fue que se presentaron documentos para iniciar investigaciones durante 2014, 2016 (fecha en que no fue acogida), y luego en 2017, periodo en que se trabajó en la nueva, que si fue recibida e inició la investigación, arrojando lo resuelto.
Esto se motivó porque dentro del rubro, según se informó a La Radio, en las asociaciones se hablaba de los “pagos bajo cuerda” para ciertos productores o familias que la empresa hacía, los que eran notoriamente diferentes al resto.
Esto, se demostró a través de las liquidaciones de pago que habían en diferencia de productores, sobre todo ante los pequeños, considerando que la leche va a una misma planta o industria.
Para el expresidente de Aproleche Bío Bío, y actual productor del rubro, Darío Arévalo, esta fue una competencia desleal de la empresa, que a su juicio provocó el cierre de cientos de lecherías.
Arévalo calificó como un daño irreparable todo lo presentado, y dijo que a pesar de la multa que se solicitó al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia del equivalente a 7 millones de dólares, no habrá reparación.
Junto con la multa que solicitó la Fiscalía Nacional Económica, también se presentó declarar la infracción de lo acordado en 2004, respecto a la lista de precios, además de ordenar el cese inmediato de este tipo de conductas que cometió la empresa procesadora de Leche Nestlé.
Habría sido al menos durante los últimos cuatro años que la empresa tuvo actitudes que infringieron aquella sentencia, entre ellas, pagar mayor precio a ciertos grupos de productores en desmedro de otros.
Esto se hacía, por ejemplo, agregando una bonificación por cantidad de litros entregados, pero no se especificaba cómo se podían agrupar los lecheros para aquellos extras.
Recién en abril de 2019 se incluyeron de manera indirecta los grupos de productores para acceder a este bono, pero no se detalló en los requisitos, como la cercanía geográfica, o los grupos familiares afines.
Los documentos también evidencian que al menos hasta diciembre de 2018, cerca de un 20% de los productores estuvo o formó parte de un “grupo informal”, por los criterios no publicados en las pautas.
En tanto, un 70% de los lecheros no accedían a estos grupos, y solo trabajaban y obtenían los bonos por volumen anual de entrega en litros de manera individual.
Por esto, fue que se presentaron documentos para iniciar investigaciones durante 2014, 2016 (fecha en que no fue acogida), y luego en 2017, periodo en que se trabajó en la nueva, que si fue recibida e inició la investigación, arrojando lo resuelto.
Esto se motivó porque dentro del rubro, según se informó a La Radio, en las asociaciones se hablaba de los “pagos bajo cuerda” para ciertos productores o familias que la empresa hacía, los que eran notoriamente diferentes al resto.
Esto, se demostró a través de las liquidaciones de pago que habían en diferencia de productores, sobre todo ante los pequeños, considerando que la leche va a una misma planta o industria.
Para el expresidente de Aproleche Bío Bío, y actual productor del rubro, Darío Arévalo, esta fue una competencia desleal de la empresa, que a su juicio provocó el cierre de cientos de lecherías.
Arévalo calificó como un daño irreparable todo lo presentado, y dijo que a pesar de la multa que se solicitó al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia del equivalente a 7 millones de dólares, no habrá reparación.
Junto con la multa que solicitó la Fiscalía Nacional Económica, también se presentó declarar la infracción de lo acordado en 2004, respecto a la lista de precios, además de ordenar el cese inmediato de este tipo de conductas que cometió la empresa procesadora de Leche Nestlé.
