La asignación la hizo anoche el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural sobre un recaudo de la parafiscalidad ganadera que es cercano a 90.000 millones de pesos anuales y que deben ser destinados a la comercialización de carne y leche para estratos medios y bajos, el apoyo a exportación de ganado, entre otros (ver Para saber más).

El ministro Andrés Valencia, aseguró a través de un comunicado de prensa, que la decisión se tomó “según los lineamientos establecidos por la Corte Constitucional, para la entrega de la administración de los fondos parafiscales”.

En esto “sólo existe una agremiación en el sector ganadero bovino y bufalino de carne y leche que cumple con los criterios de representatividad nacional y organización y estructura democrática, la cual es Fedegán, gremio que fungió como administrador de la cuota parafiscal ganadera durante 22 años, desde la creación del fondo”.

Valencia se refirió también al artículo 7 de la Ley 89 de 1993 que indica que “el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Agricultura, contratará con Fedegán para la administración y recaudo final de las cuotas de fomento ganadero y lechero”, y el artículo 30 de la Ley 101 de 1993, que dispone que “la administración de las contribuciones parafiscales agropecuarias y pesqueras se realizará directamente por las entidades gremiales que reúnan condiciones de representatividad nacional de una actividad agropecuaria o pesquera determinada”.

Para Nelson Guerrero, presidente de la junta directiva de la Asociación Colombiana de Procesadores de Leche (Asoleche), “el anuncio es positivo porque el control de aftosa podría mejorar. El llamado que sí hacemos es que se tenga más participación de los productores de leche”.

Lafaurie, señaló que “este Gobierno corrija da buenas señales. La decisión fue desfavorable para el país. Siento que este Gobierno hizo justicia y nos restableció un derecho que se nos había violado”.
Las dudas sobre Fedegán

La noticia cae en algunos sectores como un baldado de agua fría debido a que en 2016, el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos, en medio de fuertes tensiones, le había quitado la administración al gremio.

Las razones generaban polémica, por un lado se hablaba de los malos manejos del dinero de los ganaderos, con la acusación sobre la mesa de que esos recursos buscaban financiar proyectos privados, por ejemplo, en frigoríficos del Caribe, tal y como señaló un editorial del diario La República el 18 de enero de 2016, y se desviaban de su objeto primordial en función de esta actividad.

Por otro, se hablaba de que esa había sido una represalia debido a que el presidente del gremio no apoyaba las conversaciones de paz que sostenía el gobierno Santos con las Farc. De hecho, el mismo argumento se lo dio a EL COLOMBIANO cuando se le preguntó por esta noticia de la cual se mostró sorprendido.

“Ese ha sido el discurso de Lafaurie, pero hay que tener en cuenta que ese fondo estaba presentando problemas de administración muy graves. De ahí la decisión de quitarle el manejo a ese gremio”, dijo José Roberto Acosta, profesor del Cesa y miembro de la Red por la Justicia Tributaria.
Lo que dijo la Contraloría

Las dudas sobre este fondo permanecían en el tintero incluso el año pasado en agosto cuando Edgardo Maya Villazón, el entonces contralor, le mandó una carta al ministro Valencia en la que le pedía que no le entregara los recursos a esta organización.

“Fedegán de manera tergiversada ha invocado que durante 22 años recibió las mejores calificaciones cualitativas y cuantitativas por la Contraloría General de la República y presenta como argumento un supuesto manejo transparente (…) el argumento de las buenas calificaciones ha sido producto de las interpretaciones sesgadas y parcializadas por parte de un exfuncionario de la Contraloría y actualmente revisor fiscal de Fedegán”, dice el texto.

De hecho, Maya Villazón destaca que como resultado de las auditorías realizadas se evidenció una cuestionada política de inversiones, avales irregulares otorgados por encima del porcentaje de inversión, la pignoración de cuotas parafiscales sin sustento legal, que “entre otras circunstancias desencadenaron en la posterior liquidación del FNG, el cual gracias a la gestión del juez del proceso de liquidación y los lineamientos de la CGR, logra salvaguardar el recurso público en riesgo”