El objetivo de esta cláusula y de la propuesta patronal es evitar un impacto inasumible en periodos de muy alta inflación como el actual, que pueda poner en riesgo la viabilidad de la industria, especialmente de las PYMES (que representan el 95%), y, por tanto, el empleo.

En una reunión celebrada el pasado 6 de marzo, FeNIL abogó por alcanzar un acuerdo en el marco de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo y así evitar la judicialización del conflicto, que permitiría a los trabajadores empezar a cobrar sus nóminas desde el 1 de enero de 2023, con un aumento salarial del 4,5% (de los que 1,5 puntos corresponden al ejercicio 2021) y aplazando unos meses el cobro del equivalente al 2,7% restante, que se haría efectivo en dos pagas de recuperación dentro de la vigencia del convenio. La patronal ha vuelto a plantear esta propuesta en el encuentro mantenido hoy en el SIMA, mientras que la representación social, una vez más, no ha hecho propuesta alguna.

Dicha fórmula mejora sustancialmente la ya acordada con UGT y CCOO para el ejercicio 2021 (cuando el IPC fue del 6,5%) y permitiría que los trabajadores y las trabajadoras del sector no pierdan poder adquisitivo y ni un solo euro. A su vez, las industrias lácteas obtendrían cierto margen para hacer frente al pago de la subida salarial, en un momento en el que se ven muy afectadas por el incremento de costes y peligra la supervivencia de muchas empresas.