Los esfuerzos en materia de seguridad pública son insuficientes frente a la magnitud del problema.
La ganadería, uno de los pilares de la economía de México y una de las actividades más antiguas y significativas, se ve asediada no solo por los retos económicos y ambientales, sino también por un enemigo mucho más sombrío y peligroso: el crimen organizado.
Esta es más que una simple actividad económica; es un legado cultural y un modo de vida para miles de familias. Representando aproximadamente el 40% del sector agropecuario del país, la industria ganadera juega un papel importante en la producción de alimentos y en la generación de empleo, especialmente en áreas rurales.
México es uno de los principales productores de carne y productos lácteos en América Latina, y su mercado exportador ha crecido significativamente en las últimas décadas.
Sin embargo, este crecimiento ha venido acompañado de un aumento en los delitos relacionados con el crimen organizado. En estados como Zacatecas, Chiapas y Veracruz, los ganaderos enfrentan una amenaza constante. El secuestro, la extorsión y el cobro de cuotas ilegales se han convertido en una realidad cotidiana.
Esta situación alcanzó un punto crítico con el reciente asesinato de Cuauhtémoc Rayas Escobedo, Presidente de la Unión Ganadera Regional de Zacatecas, un líder respetado y defensor de la comunidad ganadera.
La Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas ha levantado la voz en representación de los afectados, denunciando el acoso y la violencia. Sus exigencias son claras: mayor seguridad y una respuesta efectiva de las autoridades para proteger a los productores y sus familias. Las cifras son alarmantes: según reportes, en los últimos cinco años, más de 100 ganaderos han perdido la vida en el contexto de estos crímenes.
Frente a esta situación, la comunidad ganadera demanda una acción más decidida y efectiva de parte del gobierno que viene ignorando este problema. Los esfuerzos en materia de seguridad pública son insuficientes frente a la magnitud del problema.
Las autoridades han prometido reforzar las operaciones en zonas rurales y mejorar la coordinación entre las distintas instituciones de seguridad, pero la comunidad ganadera sigue esperando resultados tangibles.
Este clima de inseguridad no solo afecta la vida de los ganaderos y sus familias, sino que también tiene un impacto económico.
La incertidumbre y el riesgo constante desalientan la inversión y la producción, pudiendo llevar a una disminución en la oferta de carne y productos lácteos, con el consecuente aumento en los precios. Esto no solo afecta el mercado interno, sino también la competitividad de México en los mercados internacionales.
Los testimonios de ganaderos -que por razones de seguridad se omiten sus nombres- en regiones afectadas son desgarradores. Viven con el miedo constante de ser las próximas víctimas, y muchos han tenido que modificar sus operaciones para intentar protegerse. Algunos han optado por reducir el tamaño de sus rebaños o incluso abandonar la actividad, una decisión difícil que afecta no solo su sustento sino también una tradición familiar que, en muchos casos, se remonta a varias generaciones.
La situación en la ganadería mexicana es una muestra clara de cómo la violencia y la inseguridad pueden socavar sectores clave de la economía.
La comunidad internacional y los mercados están observando. Es imperativo que las autoridades actúen con determinación y eficacia para restaurar la seguridad y la confianza en este sector vital.
Los ganaderos de México que proveen alimentos a 130 millones de personas de este país no solo piden justicia; demandan la posibilidad de trabajar y vivir en paz, fundamentos básicos de cualquier sociedad.
La resolución de esta crisis será un indicador clave de la capacidad del país para proteger y fomentar sus industrias y, lo más importante, la seguridad y el bienestar de sus ciudadanos.
