FEMELECHE expuso que el aumento al precio del maíz, la pasta de soya y los forrajes han impactado gravemente en los costos de producción.
Este escenario que se da en medio de la pandemia y de una sequía atípica, ya ha provocado la mortandad de ganado en el norte y la pérdida de cultivos en el centro del país, situación que impulsa a líderes de organizaciones campesinas y legisladores a demandar al gobierno federal voltear a ver el campo mexicano para evitar mayores impactos negativos tanto en la disponibilidad como en la accesibilidad de la población a alimentos suficientes y de calidad. Es decir, se trata de accionar frente a un sector que pese a la crisis sanitaria no ha dejado de producir ni un día y aporta los alimentos de una nación, pero que cada vez ve más lejana la meta presidencial de alcanzar la soberanía alimentaria, porque ni siquiera pueden alcanzar los apoyos para la producción.
A este contexto se suman las presiones de la administración Biden, nuestro “socio” comercial y vecino del norte que ya ha impuesto embargos a productos nacionales por cuestiones ambientales, cuando aún no se saben bien a bien los términos de la relación entre ambos gobiernos o si se trata de tácticas de presión por cuestiones migratorias. Mientras tanto desde Palacio Nacional se insiste en vender como una panacea para el campo y la migración el cuestionado y opaco programa de “Sembrando Vida”.
Si bien todo lo anterior podría parecer inconexo, el hilo conductor que los une es que con ellos se hace patente la inexistencia de políticas públicas para el sector rural, donde la estrategia de atención brilla por su ausencia. Para ejemplo la sequía que, si bien es atípica, tiene un claro ejemplo de indolencia gubernamental en Chihuahua, donde la problemática se politizó y se exacerbó por la impericia de la entonces titular de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Blanca Cisneros. El resultado: escalaron los conflictos sociales y enfrentamientos entre productores y la Guardia Nacional, con una mujer muerta por los militares. El tema hoy es motivo de arengas electorales, pero no de políticas públicas. Para el presidente López Obrador este tema se reduce a que la gente esté informada para “que no haya manipulación o acarreos… lo mejor es garantizar el derecho a la información”. No hay sensibilidad a los temas ambientales y sus afectaciones, menos si se trata del sector agropecuario.
El país del maíz y la tortilla
El caso de la escalada en el precio del maíz y el consecuente y francamente alarmante incremento en el precio de la tortilla ha propiciado una nueva inconformidad y presión de los productores que además acusan a SEGALMEX de acumular el grano en bodegas de Guerrero, el cual, alertan, sin condiciones adecuadas de sanidad en su almacenamiento, se pudre mientras los grandes industrializadores acaparan la producción de harina. Para el director general del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), Juan Carlos Anaya, un factor que se suma a este escenario es que “Brasil trae sequía, China y México están comprando mucho maíz, y los inventarios a nivel mundial han disminuido de una forma increíble”. Ante la indiferencia de las autoridades del sector, el senador Manuel Añorve Baños presentó un punto de acuerdo para que las secretarías de Agricultura y Desarrollo Rural y de Economía establezcan programas de apoyo dirigidos a productores y consumidores de tortilla de maíz.
Leche
Las presiones en los precios de los granos también impactan gravemente en la competitividad de otras ramas como la lechería, donde el aumento en los forrajes y la pasta de soya han hecho que los productores lecheros adviertan la necesidad de elevar los precios de otro alimento básico: la leche. A estas protestas se suman también la de lecheros de Lagos de Moreno, Jalisco, quienes exigen el pago de adeudos de Seguridad Alimentaria Mexicana-LICONSA por 20 mdp. SEGALMEX rechaza tal adeudo, pero tampoco muestra acciones para contener esta acusación. Mientras tanto, en Coahuila, los medianos y pequeños productores advierten que atraviesan la peor crisis ganadera de los últimos 55 años luego de que LICONSA recortó el volumen del producto que les recibían en Centro Regional de Acopio.
El abandono de la cuatroté al sector está siendo capitalizado en el ambiente electoral. La problemática del campo y la ausencia de políticas de atención por parte del gobierno federal, son materia de discursos y propuestas de campaña que van desde la visión eminentemente local hasta temas transversales como la trazabilidad, el financiamiento y la innovación tecnológica. Aunque también, sigue habiendo candidatos -los menos- que no pasan de querer pagar “la deuda histórica” al México bucólico rural.
Lo cierto es que el punto de convergencia más recurrente es el desánimo y la decepción ante expectativas y promesas que no solo no se cumplieron, sino que el giro presupuestal hacia la subsidiariedad ha dejado muchas víctimas en el camino, mismas que este 6 de junio, podrían inclinar la balanza en contra del partido en el gobierno al que ven lejano, ausente, que no comprende ni le preocupan las necesidades del sector y que en un afán más indolente que “austericida” le quitó a los productores agropecuarios y pesqueros, a México, la posibilidad de seguir siendo productivos y competitivos y cambió la visión a un retroceso en la productividad.
