La decisión del fiscal se produjo porque se unificaron en la Ciudad los bloqueos realizados en las instalaciones de Lácteos Vidal en Moctezuma, partido bonaerense de Carlos Casares, y en la sede que tiene la pyme en el barrio porteño de Villa Devoto. En la declaración del fiscal se acusó a los imputados de desplegar desde el 18 de julio hasta el 16 de septiembre del 2022 acciones que excedieron el derecho a huelga y que incluyeron la ocupación masiva de los espacios circundantes a las fábricas, la intimidación al personal, y el impedimento de ingreso y egreso de mercadería tanto de la firma como de proveedores y clientes.

Según la fiscalía, estas acciones derivaron en que la firma Lácteos Vidal no pudiera recibir materia prima en su planta de Moctezuma, viéndose obligada a derivarla a otras empresas, lo que incrementó sus costos y afectó su productividad. Además, parte del producto semielaborado procesado en plantas alternativas tuvo que venderse en ese estado, generando pérdidas económicas, mientras que en la sede de Villa Devoto la presencia de miembros de ATILRA dificultó tanto la salida de mercadería como el acceso de clientes. El perjuicio económico calculado ascendió a $61.684.151,09 a valores de 2022.

El fiscal Aranudo consideró que la maniobra fue efectuada de forma coordinada entre las plantas de Moctezuma y Capital Federal, planificada y ejecutada por los ocho imputados con la finalidad de generar pérdidas económicas a Lácteos Vidal, con intervención de otras personas vinculadas al sindicato. Es la primera vez que en la Ciudad de Buenos Aires se aplica la figura de desbaratamiento de empresa a este tipo de bloqueos sindicales, un recurso que ya había tenido antecedentes en Rosario y San Juan. La resolución respondió a la denuncia de la dueña de la pyme, Alejandra Bada Vázquez, representada por los abogados Mariana Heim y Pablo Abdon Torres Barthe, mientras que la defensa de los gremialistas negó los cargos y se negó a declarar.