Las pequeñas y medianas empresas son rehenes de los poderosos gremios, que hacen uso inadecuado y distorsionan repugnantes, el derecho constitucional de la huelga.
Los resultados que alcanzan son imposibles con reclamos legítimos en los ámbitos adecuados, tal como establece la ley, y el más sucio de los juegos es garantizado por una Justicia cómplice.
El Juzgado Nacional de 1º Instancia del Trabajo número 69, a cargo de José Ignacio Ramonet, ordenó un embargo por más de $5 millones contra Lácteos Vidal, en una lucha dispar que no tiene las mismas reglas para las dos partes.
El dinero que pretende tomar el juez, destinado a pagar sueldos, cargas sociales, proveedores, impuestos, etc., con una cautelar que no es una sentencia definitiva, hace gala de un autoritarismo inaceptable, porque aún está por verse si los despidos fueron o no injustos.
El juez está dirigiendo su ataque hacia una empresa que tiene un impacto significativo en la generación de empleo en su entorno, castigando a los empleados que continuaron trabajando a pesar de las amenazas, el hostigamiento y el acoso, y premiando a los holgazanes.
¿Qué es esto de que uno no puede decidir con quién quiere trabajar, en su propia casa y con quién no? En todo caso, tendrían derecho a una indemnización y punto. La empresa siempre tuvo buena predisposición, primero para que trabajaran y luego para indemnizarlos, pero el gremio no lo permitió.
El gremio pretende reincorporaciones delirantes que no están contempladas en el Derecho Argentino, y la justicia al apoyarlo, está violando a la Cosnstitución Nacional.
Estamos demasiado acostumbrados a dejarnos atropellar, pero “cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon la tuya a remojar”. ¿Cuánto falta, con este precedente, para que esta situación se extienda a cualquier otra compañía?
La empresa no va a aflojar y volverá a apelar. Pero la cadena láctea toda debe expresarse ante esta barbarie.
Lácteos Vidal desde julio de 2022 es sometida a las presiones desmedidas de Atilra, y a fallos judiciales disparatados que están mirando otra película. El abrazo solidario de sus pares, anunciado y luego retractado, temió interferir en los debidos procesos institucionales.
Las empresas constituyen espacios de trabajo, incluso en las localidades más lejanas donde movilizan a la economía y la actividad social de los pueblos, elaborando productos de calidad, que son fundamentales para la nutrición y la buena salud de la población, remarcaba el comunicado de Caprolecoba.
Esta metodología impropia pretende doblegar la voluntad de la empleadora, impidiendo de manera flagrante el derecho al libre comercio y afectando al libre ejercicio de la empresa. Este abusivo y reiterado actuar hace vislumbrar claramente como nuestras pymes resultan indefensas y obligadas a acatar lo que se les impone, en una absoluta violación de derechos y garantías amparadas por la Constitución Nacional, dijo Apymel.
Las autoridades ejecutivas deben respetar y hacer valer el derecho a la propiedad privada, y poner por sobre todo, los derechos constitucionales, permitiendo a las empresas trabajar en libertad y bajo el amparo de la seguridad jurídica.
Es verdaderamente alarmante la manera en que la Justicia ha abordado este problema, y la desconexión total con la realidad que enfrentan las pymes lácteas.
“No hay empleo sin empresas. A las pocas que van quedando se las destruye, y ya nadie quiere invertir”.
La Argentina está bloqueada y la justicia es cómplice.
