SanCor deberá presentar en un plazo de diez días un “Plan de Crisis” ante la Justicia. Así lo dispuso el Juzgado Civil y Comercial de la 4ª Nominación de Rafaela, a cargo del concurso preventivo que tramita la cooperativa.
El tribunal ordenó que la firma entregue un diagnóstico realista acompañado de acciones concretas que aseguren su viabilidad, incluyendo acuerdos con inversores, mecanismos de financiamiento, estrategias comerciales, reordenamiento de pasivos y la eventual incorporación de management externo. El objetivo es alcanzar un acuerdo con los acreedores y evitar el riesgo de liquidación.
Presión sobre la cooperativa
La medida judicial llega en medio de un contexto crítico. En los últimos días se presentaron dos pedidos de quiebra: uno impulsado por exempleados con retiro voluntario y otro aprobado por trabajadores del sindicato Atilra, quienes reclaman salarios impagos entre abril y agosto, además del aguinaldo y una deuda laboral histórica de $69.000 millones, junto con otra más reciente que ya supera los $14.000 millones.
A esto se suman un recorte de 370 empleados, deudas con proveedores y servicios, y la venta de dos plantas a Adecoagro años atrás. Actualmente, la cooperativa sobrevive procesando leche para terceros en Córdoba, mientras sus productos propios casi no se ven en las góndolas.
Un proceso clave
En la resolución, el juez advirtió que el concurso tiene como fin posibilitar un acuerdo con los acreedores que permita revertir la situación y evitar la liquidación forzada. Señaló además que SanCor transita un período crucial para su actividad económica y productiva, que debe ser replanteada en función de las condiciones reales del país.
El fallo también remarcó la necesidad de compatibilizar intereses financieros con la situación de miles de familias vinculadas a la empresa. El juez pidió que se priorice la continuidad laboral y que se busque preservar la mayor cantidad de puestos de trabajo.
Qué debe incluir el plan
El “Plan de Crisis” deberá precisar si se ha recurrido a consultoría externa, proyecciones de financiamiento, planes de acción para reflotar la empresa, venta de activos, acuerdos con inversores y estrategias para asegurar provisión de materia prima y colocación de productos. También deberá contemplar la reestructuración laboral, la posible coadministración con un tercero especializado y la comunicación fluida con acreedores y Sindicatura.
El juez dispuso que la presentación deberá ser expuesta de manera presencial por consejeros, síndicos y gerentes, en una audiencia con la participación del Comité de Acreedores y la Sindicatura, con respaldo documental y financiero.
Finalmente, se encomendó a los síndicos elaborar un informe sobre fondos líquidos disponibles y la posibilidad de destinar mayores ingresos brutos al pago de acreedores con créditos pronto pagables.
Fuente: La Nación
