La actividad lechera en la argentina es quizá una de las que más oportunidades puede brindar desde el punto de vista social, económico y productivo. Si bien hay una buena cantidad de tambos que lograron incorporar tecnología en los últimos tiempos y gracias a variables como productividad, escala, estructura y eficiencia pueden contar una realidad muy promisoria, los problemas coyunturales siguen azotando a productores e industriales que no pueden salir del quebranto.
Fernando Córdoba, presidente de la Mesa de Productores Lecheros de Santa Fe, aseguró que “según la producción de febrero creemos que la liquidación promedio estará en 24,50+iva por litro de leche, pero eso nos deja por debajo de los costos. Deberíamos cobrar 30+iva para tener rentabilidad. Sufrimos el incremento de precios de los cereales de los últimos meses, porque aumentaron los costos de producción, impulsados por el maíz, los expeler de soja y el alimento balanceado”. Hasta agosto los productores podían cubrir sus costos pero desde septiembre del 2020 la situación es de quebranto.
El problema que tienen los productores también lo tienen los industriales, pero en este eslabón de la cadena hay más reclamos. Pablo Villano, presidente de la Asociación de Pequeñas y Medianas empresas lácteas (APYMEL) explicó que “el problema nuestro es que los precios no suben. En nuestro sector no pasó lo que sí ocurrió con la carne o las frutas y verduras; en los lácteos los aumentos autorizados en 2020 fueron del 12% para precios cuidados y 20% en promedio para los productos en precios máximos. Es inviable controlar el precio de los productos que fabricas y no hacerlo con los insumos necesarios para producir”.
El panorama es complejo para la cadena en general. Ercole Felippa, titular del Centro de la Industria Lechera (CIL) precisó además que “estamos en un contexto de disminución de oferta, por una cuestión estacional. Por ese motivo, las empresas se están desangrando porque tienen que pagar más por la materia prima ya que si no tienen leche la pérdida es aún mayor”. La olla a presión no resiste más porque aumentan los costos pero no se pueden trasladar a los precios de venta.
Las soluciones deben aparecer pronto. En esa línea, los empresarios destacaron las reuniones de las cadenas productivas convocadas por el gobierno nacional. Encabezadas por el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, los encuentros buscan resolver un problema clave para el gobierno: la inflación y el aumento de los precios de los alimentos.
En el caso de la lechería, el planteo de las industrias tiene sustento basado en la lógica: si la decisión es regular, no se puede congelar una parte de la cadena. El cartón, el aluminio, los plásticos, la logística, las paritarias, son variables que quedaron por fuera de los congelamientos y por lo tanto ejercen una presión que ninguna actividad y menos la lechería, puede soportar. Es imposible regular hacia el consumo y dejar de lado el valor de los insumos. Eso fue lo que hizo el Gobierno, propuso el control hacia atrás en la cadena pero a la vez dio un paso adelante para que todos los factores se conjuguen en torno a la premisa madre: conseguir una inflación del 29% anual para 2021 y salarios levemente por encima de ese guarismo.
Según las industrias, existe un atraso en los precios cercano al 25% y si pudieran aumentar, ese sería el incremento. Allí tendrían una caída de consumo, pero el excedente se podría compensar con una mayor exportación ya que los precios internacionales de la leche en polvo, son nuevamente atractivos.
Ahí están puestos los ojos de las industrias, por eso ya se realizaron algunos encuentros donde participaron productores, industriales y exportadores para llevar una propuesta conjunta al gobierno que implique aprovechar los precios internacionales. Las industrias que exportan podrían pagar más por la leche en comparación con quienes abastecen el mercado interno, pero la idea es encontrar alternativas para ordenar la cadena, evitar la intervención del mercado, exportar para que ingresen dólares y a la vez aplicar mecanismos tales como la tarjeta Alimentar para subsidiar con una determinada cantidad de productos a los sectores más castigados que son los que ya no pueden acceder a los lácteos indispensables de la canasta básica.