El problema existe, y así lo reconocen tanto la industria láctea como el sector de la distribución o incluso el propio Gobierno, aunque por el momento no queda clara la solución, según han señalado este miércoles a Efeagro representantes de cada eslabón.

En esta ocasión, el conflicto parte del incremento de los costes por el encarecimiento de los piensos animales: el precio de las raciones completas para vacas, cabras y ovejas dedicadas a la producción de leche ha subido en 2021 entre un 6 un 9 % respecto al año anterior, y las complementarias han aumentado entre un 14 y un 19 %.

Los datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación apuntan a que desde 2013 no había precios tan altos; la explicación se encuentra en el notable incremento a escala global de materias primas como el maíz y la soja, base de la alimentación animal.

Aunque el encarecimiento de los piensos en términos proporcionales no es colosal, cobra relevancia debido a que el gasto en comida representa más de la mitad de los costes totales de una explotación lechera.

Informe del Observatorio de la Cadena

El Ministerio hizo público en junio un estudio que analiza la formación de precios en el sector, y con datos de 2020 se observa cómo de media los ganaderos reciben en torno a 33 céntimos por litro, la industria percibe 55 céntimos de los supermercados y el precio de venta al público ronda los 68 céntimos (sumando el 4 % de IVA).

“En el conjunto del sector se observa la existencia de márgenes muy reducidos en todos los eslabones“, concluye el informe publicado por el Observatorio de la Cadena Alimentaria.

Las organizaciones agrarias señalan a la industria como responsable de incumplir la Ley de la Cadena, ya que tras su “mejora” en febrero de 2020 vía Real Decreto se prohibió que un eslabón pueda vender a otro a un precio inferior a sus costes de producción.

Actualmente, el 75 % del mercado de la leche está concentrado en las manos de cinco fabricantes: Lactalis Puleva, Capsa (Central Lechera Asturiana), Iparlat (interproveedor de Mercadona), Calidad Pascual y la cooperativa Covap.

“En cuanto sube un mínimo cualquier factor, se descuajeringa todo. El precipitador es el encarecimiento de los piensos, pero en realidad refleja que la cadena de valor no funciona bien“, ha criticado la representante técnica del sector lácteo en COAG Iria Costela.

Cruce de reproches

Costela ha recordado a Efeagro que en el último lustro han desaparecido más de 5.000 explotaciones ganaderas lácteas (quedan unas 12.000), y ha incidido en un factor clave que “empuja” a los ganaderos a vender al precio que sea: la leche sólo puede permanecer en sus instalaciones unas 48 horas.

“No es un producto con el que puedas negociar más días, porque si no, lo tienes que tirar. Por eso recomendamos a los ganaderos que firmen los contratos de venta aunque sea a precios por debajo de sus costes y nosotros nos encargaremos de denunciarlo“, ha explicado Costela.

Los fabricantes dirigen sus críticas a la distribución, que finalmente es la que marca el precio de venta al público y a la que acusan de comprimir la cadena hasta reducir los márgenes a su mínima expresión.

La patronal Fenil censura el uso de la leche como “producto reclamo” e insiste en que la responsabilidad de algunos de estos grupos es determinante debido a que también tienen una “pata” en la parte industrial controlando a sus propios proveedores.

A la espera de la AICA

Fuentes del sector supermercados han señalado a Efeagro que los ganaderos tienen motivos para quejarse por la situación, pero han recalcado que se trata de una cuestión “de costes” y no de precios, de carácter “coyuntural” y que implica de forma directa a la industria.

De hecho, han argumentado que los fabricantes destinan una parte de la leche que compran a productos de mayor valor añadido y mejores márgenes de beneficio, como quesos, nata o mantequilla.

Mientras los ganaderos ya protagonizan protestas frente a industrias y comercios en diferentes partes del país, todas las miradas se dirigen a la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), encargada de velar por el cumplimiento de la Ley de la Cadena y que afronta con este caso un verdadero “test de estrés”.

Sin embargo, todos los eslabones coinciden en que todavía existen dudas sobre la aplicación práctica a nivel legal de esa prohibición de vender a pérdidas.