La paz sindical que la cuenca lechera del centro del país supo gozar este año se estremece ante los ecos de una guerra en ciernes. Luego de que la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra) cerrara una paritaria sin medidas de fuerza (situación atípica) a principios de año, la crisis en la empresa SanCor hace subir la temperatura y, con ello, los riesgos de un paro nacional.
El gremio del personal de la indusatria láctea, liderado por Héctor Ponce, el señor de la leche, emitió un comunicado donde expresa preocupación por la “dramática” situación de SanCor y anticipa una medida de fuerza a nivel nacional. Atilra sostiene que la empresa no cumplió con la promesa de crecimiento en el procesamiento de leche y alertan que la “eventual desaparición” de la histórica cooperativa tambera “implicará consecuencias negativas cuya magnitud no puede ni debe ser ajena a la responsabilidad que le cabe asumir no solo a los directivos de la empresa, sino también a las Cámaras Empresarias del sector como a nuestro Gobierno nacional”.
La industria lechera, sin embargo, ve otro trasfondo y entiende que el gremio prepara el terreno para una renegociación salarial ya que el acuerdo de principio de año quedó corto. En abril se acordó una suba del 30% que miraba aquella estimación del 29% de inflación anual que prometió el ministro de Economía, Martín Guzmán, en el presupuesto. Hoy, aquella meta es papel mojado y el salario del sector lácteo empieza a correr de atrás a la inflación.
Por eso, el sector empresarial mostró su descontento por el comunicado al que interpretó como una amenaza y señaló que es una práctica habitual de Atilra “utilizar a SanCor para plantear un paro nacional”. Consultado por Letra P, el gremio se limitó a hablar a través del comunicado aunque, off the record, desmintió la versión de la industria. Los tambores de guerra empiezan a sonar.
Los ruidos del comunicado de Atilra llegaron al gobierno de Santa Fe, donde compartieron la visión de que la empresa necesita procesar más litros para descomprimir su situación, hoy una tarea difícil. “Es una preocupación para la provincia y trabajamos en alternativas”, señalaron fuentes de la gobernación y advirtieron: “No necesitamos llegar a medidas extremas”.
El sector empresarial dice no temerle al pedido de un aumento salarial. “Nos vamos a poner de acuerdo”, sostienen sus voceros. Sin embargo, la alarma está puesta ante la posibilidad del pedido de un nuevo aporte solidario desde el gremio, porque en la negociación de abril Atilra se hizo de 15.000 pesos por cada trabajador en ese concepto. Fue el punto que más discusión generó en la paritaria.
