Castilla y León es una de las comunidades españolas donde más leche se produce, con miles de ganaderos implicados en el abastecimiento de algunas de las principales industrias del país, aunque las explotaciones van cerrando en un goteo continuo provocado por los bajos precios, que no cubren los gastos de mantenimiento, y la falta de relevo generacional. Un sector que además se vio perjudicado entre los años 2000 y 2013 por el conocido como cártel de la leche, un término que alude a la concertación de ocho industrias lácteas que intercambiaban información permitiendo de esta manera coordinar estrategias comerciales que tenían un impacto negativo sobre los intereses de los ganaderos, impidiendo a estos la libre negociación de precios de venta de la leche, así como escoger a sus clientes libremente en función de los precios.

En el caso de Castilla y León, Eskariam, firma que lidera las reclamaciones por este cártel, calcula que las indemnizaciones podrían beneficiar a más de medio millar de ganaderos y ascender a más de 200 millones de euros. Además, la oleada de demandas para reclamar daños por el cártel de la leche dio un giro inesperado tras una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). La resolución del tribunal europeo, dictada en relación con otro cártel, el de los camiones, amplía a cinco años el plazo para demandar los perjuicios por las prácticas anticompetitivas de los fabricantes sancionados. El motivo es que, antes de que expirara el año que por ese entonces tenían los camioneros para reclamar, ya era aplicable la actual Directiva 2014/104 que otorga hasta cinco años para accionar.

Por este motivo, desde Eskariam reconocieron a este periódico que están recibiendo «nuevas hojas de encargo» y la firma está programando charlas informativas con las asociaciones de posibles afectados para aumentar el número de reclamaciones solicitado desde la Comunidad. La decisión del TJUE ha dado un vuelco al cómputo de las demandas por estos cárteles. Y es que, además, en el caso de las lácteas sancionadas por la CNMC el 11 de julio de 2019 tras corregir un fallo en la tramitación del expediente (cuya investigación se llevó a cabo entre 2012 y 2013), ni siquiera ha comenzado a correr el reloj para acudir al juzgado. La razón es que la resolución de 2019 está recurrida ante la Audiencia Nacional y aún no es firme.

Sin duda esta es una buena noticia para un sector que atraviesa momentos complicados. Unión de Uniones denunciaba que los altos costes de producción han neutralizado tanto las ayudas, que a todas luces eran ya insuficientes, como el pequeño aumento de precio de la leche. «Lejos de mejorar, estamos en una situación incluso peor de la que vivíamos hace un año, cuando decidimos emprender manifestaciones por todo el país durante meses», señala Adoración Martín, responsable del sector lácteo de la organización en Castilla y León.

Un caso relevante por los afectados

El caso del cártel de la leche es una de las reclamaciones más relevantes de España y Europa de los últimos años por el volumen de afectados y el valor de la reclamación a la industria láctea. Miles de ganaderos afectados por las prácticas anticompetitivas acometidas por las mayores empresas lácteas del país del daño de 2000 a 2013 reclaman una compensación de su daño. El caso está recurrido por las empresas a las que se condenó a indemnizar a los ganaderos perjudicados y, según informa Eskariam, se espera que la Audiencia Nacional resuelva dichos recursos a lo largo del primer trimestre del año 2023.