Es hora de comenzar a debatir en serio el país que viene, y la lechería se mete en ese brete tal vez sin haberlo planeado. Y las relaciones laborales serán parte esencial de esa discusión.

Hoy en argentina hay 6 millones de empleados asalariados en blanco en el sector privado sobre 20,2 millones de personas que tienen trabajo. 7,8 millones de trabajadores están en negro (5 millones con sueldo), el resto son monotributistas, trabajadores domésticos y empleados públicos.

Rápidamente podemos elaborar una cuenta clave, sólo un tercio de los trabajadores del país están enmarcados en un convenio colectivo de trabajo entre empresas y sindicatos, por lo tanto con protección gremial. Casi la misma cantidad que los que trabajan y carecen de esa condición.

Hoy todas las discusiones que se entablan en el ámbito del Ministerio de trabajo rondan en ese tercio registrado, pero nada se habla del que está fuera del sistema. No hay gremio en el país que piense en cómo se podrán incorporar más trabajadores a las empresas, todo se limita a proteger un status quo que ya demostró estar agotado.

Una encuesta que realizó el Ministerio de Trabajo en febrero reveló que “Solo 1 de cada 20 empresas prevé incorporar personal”. La Encuesta de Indicadores Laborales del Ministerio de Trabajo entre las empresas con más de 10 empleados asalariados registrados llevada a cabo en los últimos días de febrero arrojó que apenas 5,6% de las empresas privadas relevadas prevé ampliar la nómina de personal en relación de dependencia; y 1,6% presupuestó reducirla. De ahí resultó un saldo neto expansivo de solo 4,8% de las consultadas.

Hoy no conocemos de manera clara cuál es la propuesta de Apymel que tanto critica Atilra, pero sí sabemos que el planteo de las Pymes desde hace rato apuesta a un convenio colectivo diferente al actual, más que nada con 2 ejes, un diferencial en las categorizaciones y menos presión en los aportes extraordinarios que el gremio exige para compensar su obra social. No habría en su presentación un pedido de pagar un sueldo diferente al que pagan las grandes.

Atilra asegura que no piensa ceder, el convenio no se discute, no se pone en duda y no se replantea. Esa parece ser la posición, la misma que la de la mayoría los gremios. Prefieren seguir pescando en la pecera del tercio registrado y no abrirse a involucrar al otro tercio que está caído del sistema.

Seguramente no será en esta negociación que este conflicto se salde, pero seguramente nos mostrará que esta discusión comienza a plantearse en el país, y seguramente será el tema de los próximos años.