El dardo directo del presidente Alberto Fernández a los formadores de precios, a los que catalogó como “pícaros” en su discurso de apertura de sesiones ordinarias, tiene una raíz concreta. Hace unos días, la Secretaría de Comercio recibió a tres grandes empresas de alimentos que fueron a pedir nuevos aumentos, bajo el excusa de tener mayores costos. Las subas, que en algunos casos llegaban hasta el 20%, fueron rechazadas por los funcionarios dependiendo del caso. Las compañías en cuestión fueron la azucarera Tabacal, la multi producto Danone y la harinera Molino Cañuelas.
Con el sector del azúcar la tensión es mayor que en el resto, dado que no se sumaron a Precios Cuidados y el vínculo no es el mejor. Tanto, que aseguran que parte del enojo llegó a Fernández por ese caso específico. Molinos Cañuelas, según contaron a Letra P en el sector, fue la que reculó sola cuando le dijeron que más aumento era imposible.
“Que los precios dejen de crecer en Argentina es una responsabilidad de todos. El Estado se va a poner al frente de la batalla contra la inflación usando todas las herramientas legales”. El presidente @alferdez durante la apertura de sesiones ordinarias. #AsambleaLegislativa2020 pic.twitter.com/tKvH2zAcWy
— Casa Rosada (@CasaRosada) March 1, 2020
El caso de Danone es particular. Pidieron subas con la consideración de que podrían, de otra forma, entrar a un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC). El PPC es un instrumento que las empresas con balances en rojo activan para que el Estado, luego de auditar sus libros contables, les habilite ajustes internos y despidos. Ya ocurrió, entre otras firmas, con la supermercadista francesa Carrefour y FEMSA, la embotelladora de Coca Cola.
“Los pícaros que especulan subiendo los precios no tiene cabida en esta Argentina (…) Debemos terminar con la Argentina de los vivos que se enriquecen a costa de los pobres bobos que estamos condenados a pagar lo que consumimos”, disparó Fernández ante el Congreso. En uno de los palcos, observaba el titular de la Coordinadora de Productores de Alimentos (COPAL), Daniel Funes de Rioja. El tema se trató muy por encima en la reunión que la cámara alimenticia mantuvo este lunes, donde se explicó que los pedidos de aumentos no tienen que ver sólo con las variables “combustibles” y “tarifas”, sino con otros costos como paritarias, insumos y algunos ítem más.
El derrumbe del consumo, que se inició a fines del 2015 y fue una pandemia durante el gobierno de Mauricio Macri, puso a las empresas en jaque, con infinidad de balances en rojo. La propia Molinos Río de la Plata comunicó el viernes un ejercicio con pérdidas millonarias. Lo atribuyó también a no haber podido trasladar los costos a precios. En las pymes, la situación es más desesperante. Funes de Rioja se reunió días atrás con la cúpula del Banco Central (BCRA) para plantear que el nivel de deuda de las pequeñas empresas del sector es insostenible. Quedaron en buscar salidas.
Mientras, en materia de precios y ante la imposibilidad de poner en caja los aumentos en alimentos, el Gobierno tiene decidido avanzar, en el marco de la Ley de Góndolas, con la puesta en marcha del Observatorio de Cadenas de Valor. La herramienta, que es un artículo de la ley, ofrece la chance de mirar la formación de precios en toda la cadena, para comprobar si los mayores costos son o no exagerados.
