La vuelta de los aprietes a empresas alimenticias para intentar controlar los precios en góndola podría integrar una lista de castigos autoinflingidos que mantiene al país en el estancamiento permanente.
Tras el “rumor” sobre una amenaza a las industrias lácteas del Secretario de Comercio Interior, Matías Tombolini, para que moderen la suba de precio de la materia prima a los productores so pena de cerrarles las exportaciones, el presidente del Centro de la Industria Lechera (CIL), Ercole Felippa, afirmó que es la falta de “reglas de juego claras y estables en el tiempo” lo que impide a la Argentina agregar valor a su producción y generar desarrollo económico y humano en el vasto territorio rural que la configura.
Judicializable
“Son rumores, yo también los escuché; no sabría qué hay de verdad”, dijo el industrial, acerca de la intimidación oficial. En cambio, admitió: “lo cierto es que algunas empresas que habían anunciado aumentos, hoy están anunciando aumentos menores a los previstos anteriormente”. Concretamente, la versión indica que el 7% de incremento que las usinas habían anticipado a sus proveedores por la materia prima de enero, ahora sería sólo del 4% a raíz del accionar del funcionario.
“No me consta, pero de ser cierto hasta daría para hacer una presentación en la justicia por la gravedad que ello significa”, sostuvo Felippa. A su criterio sería “una barbaridad” que atenta contra el funcionamiento del libre mercado, en “un sector que viene siendo extremadamente castigado, donde todas las medidas que se tomaron últimamente no fueron para beneficiarlo sino al contrario, como el dólar soja”.
“No es sólo cuestión de volumen o escala, sino de productividad; relacionado muchas veces a la gestión y el manejo” dentro de las empresas, sostuvo. Y remarcó que se mantiene el nivel de producción, pero con la mitad de los tambos, por lo que hubo “un incremento importante de la productividad”. Sobre este aspecto, remarcó que el promedio de los tambos en Argentina ronda los 7.500 litros de leche por hectárea al año. Pero mientras algunos alcanzan los 15.000, “alambrado de por medio” otro puede estar en 3.500/4.000.
Al margen de la eficiencia con que se produce, si hubiera un volumen mayor -además de abaratar el producto en el mercado interno- podría suponerse que sería posible incrementar exportaciones para hacer crecer al sector. Pero no es tan sencillo.
Potencial desperdiciado
“Como sector deberíamos tener una agenda de competitividad” dijo Felippa. Porque, por ejemplo, cuando hay saldos exportables importantes, “terminan significando situaciones de crisis para el sector” que al no tener un mercado externo robusto, satura el doméstico y le baja el precio al productor.
Pero además, Argentina es exportador de commodities como leche en polvo, algunos quesos o suero. “Son productos de bajo valor agregado”, explicó. Para exportar más y cambiar esta matriz, debería aplicarse más tecnología y mejorar la productividad. Y “para eso tiene que existir una previsibilidad, reglas de juego claras y estables en el tiempo”.
Con Oceanía “prácticamente en su techo de producción”, dijo, a nivel global “la única región que está en condiciones de poder producir leche a menores costos es el Hemisferio Sur: Argentina, Uruguay y Brasil”. Pero este potencial no se expresa sin condiciones apropiadas.
“No se puede hoy tener el 9% de DEX para leche en polvo y 4.5% en quesos, en productos de similar valor agregado con el 100% de diferencia; no resiste ningún razonamiento lógico”, graficó.
También mencionó que, aún con los granos caros por la guerra en Europa, “se tomaron medidas que lejos de amortiguar eso, las han agravado como el dólar soja I y II”. Y si bien luego hubo una compensación, abarca al 75% de los productores pero “significa el 35% de la leche”. En definitiva, “aspectos que no ayudan a darle previsibilidad a la actividad”.
Cuestiones básicas
¿Y quienes deberían implementar esa “agenda de competitividad” y en qué consistiría? Felippa valoró el ejemplo de FunPel (Fundación para la promoción y el desarrollo de la cadena láctea argentina), donde conviven y trabajan organizaciones de productores e industriales, más organismos técnicos del Estado.
Pero allí no están representados los resortes del poder, por lo cual consideró que se debería sumar “a los gobiernos nacional y provinciales”. No ya para debatir impuestos, sino para atender necesidades más urgentes: “ver qué se hace en materia de infraestructura, porque tenemos los mismos caminos de hace 100 años pero en vez de carros con caballos hoy los usan camiones cargados; o la falta de conectividad”.
Según el industrial, son “un montón de aspectos; si pretendemos que la gente viva en el campo tienen que tener viviendas dignas, buenos caminos, y no puede ser que cuando llueva un poco más de lo normal no solo no se puede sacar la producción sino que los chicos o los maestros no pueden llegar a la escuela”. En resumen: “no podemos pretender ser un país desarrollado cuando no podemos resolver esas cuestiones que son básicas”.
