“Cuando argumentamos por qué era importante mantener el cero en los derechos pudimos demostrarlo con números y con hechos; y los hechos no es más que mostrar lo que hicieron ustedes -cada uno de ustedes- en sus campos; lo que hizo la industria, agregando valor de sus productos; lo que hicieron las exportadoras: llegaron con sus productos al resto del mundo generando valor y no tuvimos más que mostrar números y mostrar que el país funciona de esta manera; entonces por eso pudimos lograr 12 meses más”, explicó Alconada al auditorio que lo escuchaba en el Pabellón de Industrias de la rural rafaelina.

Acto seguido, admitió: “obviamente que lo ideal es pasar de la suspensión a la eliminación definitiva”. La aclaración no fue casual, dado que ya en abril la Mesa Lechera de Santa Fe (compuesta por la cadena productiva y el gobierno local) había planteado la derogación del impuesto, a modo de “seguro” contra su posible reimplantación.

En diálogo con El Litoral, Alconada sostuvo que la derogación “tiene que ver con un paquete más amplio, donde no entra solamente la lechería sino que entran otras actividades regionales”; y que para instrumentarlo se necesita trazar el impacto fiscal de la medida. “Cuando se toma una decisión drástica tan general como la eliminación definitiva tenés que hacer el análisis del costo fiscal de toda la medida”, algo que consideró más difícil de instrumentar que la prórroga de la medida existente.

Según Alconada, la medida generó efectos positivos: “reaccionó el precio al productor, hubo una recuperación claramente”. Por este y otro motivos, consideró que “el sistema de suspensión está dando buenos resultados”. Y que, a partir de estos efectos, podría facilitarse la futura eliminación.

“Lo que tenemos que hacer es un esfuerzo grande para demostrar que en los 18 meses, más los 2 del gobierno anterior, anduvo bien; y generó que el sector mejore y con mejores ingresos al país y eso va a permitir que no sea ni siquiera necesario discutir que si los eliminás de manera definitiva no estás afectando las cuentas públicas”.

Finalmente, el funcionario ratificó que la extensión llegará con un nuevo decreto que reemplazará el n° 9. “Es un expediente abierto, porque el decreto vence a fin de mes, está el proceso administrativo iniciado y debería salir antes del 30 de junio”.