“Desafortunadamente en el país, y desde hace varios años, se han incrementado las malas prácticas de hacer rendir la leche con lactosuero e incluso agua, lo que termina llevando al mercado un producto que claramente engaña al consumidor”, advirtió Óscar Cubillos Pedraza, jefe de la Oficina de Planeación y Estudios Económicos de Fedegán-FNG, en su más columna: Invima debería revelar el nombre de las empresas que usan lactosuero.

El fenómeno ha alcanzado dimensiones alarmantes. La Superintendencia de Industria y Comercio revela que diariamente se dejan de comercializar un millón de litros debido a estas prácticas fraudulentas. La adulteración no solo involucra lactosuero nacional sino también importado, creando un esquema sofisticado de engaño al consumidor.

De acuerdo con Cubillos, se está importando leche en polvo descremada, que es más económica que la entera, se reconvierte a líquida y, adicionalmente, en varios casos se le añade lactosuero también importado, obteniendo un producto 30 % o 40 % más barato. Este producto adulterado evade los costos logísticos de transporte y refrigeración que debe asumir la industria lechera legítima.

El impacto económico es devastador. Entre 2015 y 2023, la industria lechera nacional ha perdido aproximadamente un tercio del mercado frente a estos productos de bajo costo. Las cifras de Asoleche muestran una preocupante tendencia: el consumo de leche se redujo un 9% en 2022 y un 6% adicional en 2023.

Carolina Piñeros, directora de Red Papaz, alertó en Revista Semana sobre las implicaciones para la salud pública, al señalar que encontraron láctes que “no tienen las características nutricionales de la leche y están llenos de azúcares y aditivos, o, en su defecto, leche en polvo”. Esta situación es particularmente grave en un país donde más de 300 niños fallecieron por desnutrición en 2023.

La nutricionista Sonia Forero enfatiza la importancia de consumir leche auténtica: “Las enfermedades cardiovasculares, oncológicas, metabólicas, odontológicas y óseas, entre otras, tienen en la leche de vaca, la real, no la ultraprocesada, una importante aliada para su prevención y posible reducción de efectos dañinos”.

Las autoridades luchan por contener el problema, pero los recursos son limitados. “Sabiendo que Invima no necesariamente cuenta con un brazo operativo grande, hemos sugerido que esta importante institución se valga de las Secretarías de Salud Municipal para realizar ejercicios periódicos de toma de muestras en los 1.122 municipios de Colombia”, propuso Cubillos, sugiriendo que las trece empresas sancionadas podrían ser solo la punta del iceberg.

El funcionario hace un llamado a la acción ciudadana: “A estas importantes medidas de Invima les hace falta algo; y es la sanción por parte del consumidor en donde se deja de comprar “x” producto porque se le ha engañado: la traición a la confianza”, añadió.

Mientras tanto, un polémico proyecto de ley que busca excluir algunos derivados lácteos de los impuestos saludables genera preocupación adicional. Rubén Ernesto Orjuela, exdirector de Nutrición del ICBF, lo considera inconveniente para la salud pública y advierte que no beneficiará a los pequeños productores:

“Si se les quita el impuesto a los productores de alimentos ultraprocesados, estos no van a decir ‘ahora les vamos a comprar leche a los productores colombianos’, sino que seguirán utilizando los lactosueros y la leche en polvo que muchos han venido usando. Por eso, no es cierto que ese proyecto de ley vaya a beneficiar a la industria nacional y a los pequeños productores, a quienes cogen de excusa para eliminar este impuesto”.

La batalla contra la adulteración con lactosuero se perfila como un desafío crítico que requiere la acción coordinada de autoridades, productores y consumidores para proteger tanto la integridad de la industria láctea como la salud de los colombianos.

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