La Audiencia Nacional ha dado un volantazo a los procedimientos judiciales en los que se recurren sanciones que hayan sido impuestas por la CNMC en cuanto a intercambios de información sobre precios. Dentro de estos, una de las causas más destacadas es la que afecta a los diez grandes fabricantes nacionales de productos lácteos. Están en juego cerca de 1.200 millones de euros en reclamaciones de los ganaderos por ingresos no percibidos que ahora esta sentencia pone en “alto riesgo”, según aseguran fuentes del sector jurídico.

En noviembre la Audiencia tumbó la sanción de más de seis millones de euros, que databa de 2016 y que había fijado la CNMC, a un grupo de fabricantes de turrón por supuestas prácticas ilegales. En concreto, versaba sobre el intercambio de datos para establecer precios. Según la AN, no había pruebas que demostraran la existencia del cártel. El argumento consiste en que no basta con demostrar que ha habido reuniones, comunicaciones o intercambios de información.

El valor de las reclamaciones

En esta línea, precisa que es imprescindible aportar pruebas suficientes que muestren que esas actuaciones han tenidos impactos negativos en el normal funcionamiento de los mercados. La CNMC, de acuerdo a la visión de la Audiencia, se limitó a constatar esos contactos empresariales.

Esta decisión podría ahora afectar de lleno al procedimiento abierto contra esos diez fabricantes lácteos, a los que se impuso una multa de 86 millones en 2019 por intercambio de información para afrontar los pagos a los ganaderos.

Extrapolable

Esto, abrió la puerta a las reclamaciones por los ingresos no obtenidos por culpa de esas posibles prácticas. En total, alrededor de 14.000 ganaderos están inmersos en demandas colectivas contra las compañías, y las posibles reclamaciones rondarían los 1.200 millones.

Fuentes jurídicas señalan que algunos de los argumentos de la AN que han sido empleados en el marco del caso del turrón pueden extrapolarse al ámbito de los lácteos.