En la firma hay preocupación, ya que los aparatos y las comunicaciones digitales contienen información estratégica de la multinacional. En las últimas semanas ha surgido diversas informaciones en Nueva Zelanda que dan cuenta de que la firma podría deshacerse de activos en Sudamérica por unos 1.000 millones de dólares. La indagatoria que lleva adelante el Ministerio Público se basa en una querella por el delito de “administración desleal” -un ilícito nuevo de la Ley Anticorrupción- presentada por la Fundación Isabel Aninat, que junto a Soprole integran la sociedad Prolesur. La indagatoria avanza y dos exdirectores y un exgerente general de esta última declararon ante el fiscal oriente Manuel Guerra. El libelo mencionado está dirigido, entre otros, en contra de Gerardo Varela, exministro de Educación, quien ya contrató al abogado Julián López, ya que deberá prestar testimonio en calidad de imputado. La historia la revela Radio Bío Bío.

Siete ejecutivos de Soprole se negaron a entregar sus computadores a la Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Oriente, en la investigación que sustancia el persecutor Felipe Sepúlveda por el delito de “administración desleal” en contra de cinco directores la sociedad Prolesur, entre ellos el exministro de Educación Gerardo Varela.

La indagatoria es la resultante de una querella presentada bajo este nuevo ilícito de la llamada Ley Anticorrupción aprobada en noviembre de 2018, por la Fundación Isabel Aninat. Esta última es una de las accionistas de Prolesur, sociedad a la que pertenece Soprole como mayoritaria. El dueño de esta última es la multinacional neozelandesa Fonterra, que a su vez participa también de Prolesur como empresa extranjera.

El fiscal Sepúlveda había obtenido hace un par de semanas, la “entrega voluntaria” de una serie de documentos para establecer si Soprole, en su calidad de accionista mayoritario junto a Fonterra, habían actuado dolosamente al condonar una deuda de 13.900 millones de pesos a Prolesur, abusando de su posición dominante en la sociedad.

Hasta allí no hubo problemas, ya que había un acuerdo de palabra. Sin embargo el pasado 12 de abril, el perseguidor penal envió un correo electrónico al gerente de asuntos legales de Soprole, Gustavo Rencoret. En la comunicación digital que publica íntegramente este medio, Sepúlveda solicitó la entrega de 19 computadoras y los correos electrónicos desde 2016 a la fecha.

Los requeridos chilenos más importantes eran Jorge Barría, jefe de administración y finanzas, Hugo Covarrubias, actual director, la actual gerenta general Valeria Flen y el propio Rencoret. Sus e-mails, son parte del dominio nacional soprole.cl.

Sin embargo, para la compañía lo complejo eran los correos electrónicos del dominio fonterra.com, alojados en un servidor extranjero y con información internacional relevante para la lechera. Básicamente, Sepúlveda busca acceder -entre otros- a los correos de los ejecutivos multinacionales Robert Spurway y Milles Hurrel.

Lea el requerimiento del Ministerio Público

Fuentes allegadas al caso, explicaron que al interior de la compañía hubo preocupación por los alcances de la diligencia del fiscal. El tema no era solo legal, sino también de imagen comercial.

En las últimas semanas, la prensa de Nueva Zelanda ha informado que Fonterra evalúa deshacerse de activos en Sudamérica por cerca de 1.000 millones de dólares y en diarios nacionales se ha especulado que Soprole podría cambiar de controlador. Este solo hecho está en la mira de las autoridades económicas de ese país, cuyas normas de compliance y gobierno corporativo tienen un estándar mayor al chileno.

Atendido el escenario, se tomó contacto con el estudio de abogados Cariola, Diez, Pérez-Cotapos, el mismo donde trabaja Gerardo Varela, actual presidente del directorio de Prolesur y representante de Soprole en este último.

En concreto, la empresa resolvió no entregar lo solicitado por la fiscalía y recurrir a la justicia. Es así que el pasado 16 de abril, el abogado Jorge Boldt ingresó un escrito solicitando una audiencia de cautela de derechos constitucionales al Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago.

Lea la presentación de Soprole

En el documento al que accedió este medio, Boldt argumentó que la Constitución Política protege el derecho a la “vida privada” y la “inviolabilidad de la correspondencia”. Arguyó al mismo tiempo que los siete ejecutivos que recurren, no tienen la calidad de imputados en el caso, toda vez que el Ministerio Público, a su juicio, no ha dado razones fundadas para ejecutar la pesquisa.

El juzgado tramitó la presentación y fijó fecha para el 28 de mayo, con miras a discutir la petición de la empresa.

De acuerdo a la información recabada por radio Bío Bío, la estrategia judicial adoptada por Soprole violó el “acuerdo de caballeros” al no cumplir con la “entrega voluntaria” de los aparatos y los correos.

De hecho, se indicó, la fiscalía bien pudo solicitar al tribunal de garantía respectivo una orden de “entrada y registro” e incautar junto a la PDI o bien concurrir con esta última hasta las oficinas de la empresa, pero se prefirió el conversar con el departamento legal de la compañía.

Piedra en el zapato
La querella presentada en enero pasado por la Fundación Isabel Aninat (FAI), se basó en el delito de administración desleal y fue dirigida de cinco directores, entre ellos Varela. Le siguen Tomás Walker, hermano del actual titular de Agricultura y los parlamentarios DC Arturo e Ignacio; el abogado y colega de Varela en el estudio Cariola, Sergio Diez Arriagada y los neozelandeses Robert Spurway y Paul Campbell.

En la acción legal, la FAI asegura que cuando Varela asumió en octubre de 2018 la presidencia del directorio de Prolesur en representación de Soprole, desvinculó por whatsapp al gerente general Juan Carlos Petersen, para “sacarse de encima una piedra en el zapato”. Y ello porque este último fue precisamente quien, luego de análisis a los llamados “precios de transferencia”, estableció que Soprole adeudaba a Prolesur la suma de 13.900 millones de pesos como pago entre empresas relacionadas.

Varias fuentes consultadas explicaron que la causa avanza. Hasta ahora han declarado el propio Petersen, el exdirector de Prolesur por la FAI, Enrique Aldunate y su colega Jaime Milic. Todos lo hicieron ante el fiscal regional oriente, Manuel Guerra.

También se han producido movimientos legales. Tomás Walker designó como abogado al penalista Jorge Gálvez, quien ya presentó el patrocinio y poder ante el tribunal.

Varela, en tanto, contrató los servicios de Julián López uno de los destacados del foro y quien representó a los controladores de Penta, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín.

La fiscalía, por su parte, ya ofició a tres consultoras: KPMG, Ernst and Young y Deloitte. Estas últimas realizaron análisis contables para determinar si Soprole había actuado conforme a la legalidad.

Las dos primeras, estimaron que no había mayores anomalías. Sin embargo, la auditoría de la firma Deloitte, estableció que Prolesur no podía negociar la deuda de 13.900 millones de pesos con Soprole, porque de hacerlo asumía una pérdida que no le correspondía.

El documento agrega que la condonación de la suma señalada provoca una situación de mercado inusual, ya que Prolesur aparece afectando su propio capital entregándole beneficios financieros a Soprole.