ESPMEXENGBRAIND

6 Abr 2025
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6 Abr 2025
La Cámara de Apelaciones en lo Criminal de Resistencia confirmó la imputación por asociación ilícita y defraudación al Estado contra el empresario cordobés Claudio Maturano. Sin embargo, revocó su prisión preventiva pero antes deberá pagar una caución de $12 millones, el monto estimado de lo sustraído al Estado.
Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional

En las últimas horas se produjeron novedades en la causa en la que se investiga el robo de más de 200 toneladas de leche en polvo que debía ser destinada a los sectores más vulnerables de la provincia del Chaco. Es que la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de Resistencia confirmó la investigación que lleva a cabo el equipo de fiscales y las imputaciones por asociación ilícita y defraudación al Estado pero concedió al empresario cordobés Claudio Javier Maturano –que compró la leche robada- la posibilidad de conseguir su libertad previo pago de una caución real de 12 millones de pesos.

Según pudo saber este portal, el monto de la caución fue fijado por el equipo de fiscales que integran Graciela Griffith Barreto, Lucio Otero y Nélida Villalba y sería el equivalente al monto defraudado al Estado chaqueño mediante el cual los representantes del Ministerio Público Fiscal buscarían asegurarse la recuperación de esos fondos.

Prisiones confirmadas

Además del empresario cordobés, en la causa se encuentran imputados y con prisión preventiva firme el dueño del supermercado Norita, José Luis Maidana, considerado como presunto jefe de la asociación ilícita junto a Marcela Aceval, además del empleado arrepentido Antonio Escalante y Gustavo Fasseta, otro comerciante cordobés, quién habría oficiado de contacto entre la organización y Maturano. Del Ministerio de Salud del Chaco, los imputados por presunta violación de los deberes de funcionario público son Carina Lew, Martín Eduardo Bodini y Gabriela Yoloff, ninguno de ellos con prisión preventiva.

De acuerdo a lo que pudo averiguar este medio, los investigadores aún tienen pendiente avanzar con otras responsabilidades antes de que la causa esté en condiciones de ser elevada a juicio oral y público.

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