La reforma de la Ley de la Cadena alimentaria ha llegado ayer tras la votación favorable del Congreso, texto que trae consigo la prohibición de la venta a pérdidas, uno de los puntos más esperados de la reforma por los ganaderos de leche, que esperan que el papel se lleve al terreno.
Esta ley quiere lograr un mayor equilibrio entre todos los actores que participan de la cadena alimentaria y favorecer al más débil de todos, los pequeños productores. “Si no se lleva a término no sirve de nada. La ley ahora no está actuando, los ganaderos estamos incumpliendo la ley porque estamos vendiendo a pérdida, no hay interés ninguno en solucionar el problema”, denuncia Jorge Hernández, responsable de vacuno de leche de COAG Zamora, quien desconfía de que se respete la nueva legislación.
Desde el sector se insiste en la urgencia de “hacer cumplir la ley” para que la leche deje de ser un “producto reclamo”. Este incumplimiento lleva a la “desconfianza” al sector láctico de que esta ley que sobre el papel “promete mucho” tenga una repercusión real en el mercado. Por su parte, el Ministerio ha anunciado que habrá sanciones a quien incumpla la prohibición de la venta a pérdidas en todos los eslabones de la cadena, desde la producción hasta el consumidor final. Esta es una de las novedades de esta segunda reforma que transpone una directiva europea que llega tarde, pues el plazo marcado desde Bruselas para la entrada en vigor de la normativa comunitaria venció el pasado mayo.
Esta es la segunda reforma que se aplica a la ley –que data de 2013– tras una primera que tuvo lugar en febrero del año pasado, cuando ya se estableció que los precios de venta no podían ser inferiores a los costes de producción. Sin embargo, no se ha cumplido, denuncia Hernández, que recuerda las protestas por el precio de la leche: en 2020 el precio de producción era 4 céntimos mayor al de su compra. Reclama que subir el precio del litro en el lineal 3 céntimos solo “supondría 15 euros al año por familia” y una solución.
La lucha contra la pérdida de valor de origen a consumidor
Esta reforma ha incluido nuevas modificaciones para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. De entre las principales destaca que el ámbito de aplicación de la ley se amplía y ahora será extensivo a las Pymes, las relaciones entre mayoristas y las relaciones entre un proveedor y un comprador cuando ambos estén en España o un Estado miembro. También se amplían las prácticas que se consideran abusivas y sus sanciones, como la exigencia de pagos no relacionados con la venta de los productos, la modificación unilateral de un contrato o la cancelación de un pedido de productos perecederos dentro del primer mes previo, entre otras. La aplicación de la directiva europea también ha llevado a incluir dentro de la ley estatal una regulación de los contratos alimenticios, que de ahora en adelante, deberán figurar firmados por ambas partes y formalizarse antes del inicio del acuerdo en los que siempre tendrán que reflejarse los costes a los que se enfrentan y tendrán que figurar en un registro virtual. A partir de ahora y gracias al registro electrónico podrá denunciarse una violación de las condiciones del contrato a los responsables de supervisar la cadena, como las comunidades autónomas o la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), esa última, interlocutor con las instituciones europeas y encargada de establecer el régimen de control. Los productos agrícolas también empiezan a formar parte de la cadena alimentaria, que se suman a los alimentarios. El texto incorpora las definiciones de proveedor, productos agrícolas y alimentos perecederos, así como de comprador, autoridad pública, secretos empresariales y entidades asociativas. Además, empiezan a considerarse como gasto imputable el propio trabajo en el campo del ganadero o agricultor y el de su familia.
