Colombia vive una contradicción en su mercado de leche. Por un lado el consumo per cápita no crece (lleva varios años entre 130 y 150 litros por persona al año) y, por el otro, han venido aumentado las importaciones, en especial de leche en polvo, la cual se ha abaratado gracias a los Tratados de Libre Comercio (TLC) que ha firmado el país.
Como resultado, los productores nacionales que se han visto desplazados por el producto importado y que no encuentran a quién venderle al precio mínimo establecido por el Gobierno, recurren entonces a la informalidad (venden por debajo de ese precio), lo que además conlleva menores estándares de calidad y de higiene, que es lo que se paga con el precio mínimo.
En Asoleche aseguran que el año pasado se importaron más de US$150 millones del alimento y que hoy entre 6% y 7% de la leche que se toma en el país es importada.
“Esto no significa que la solución sea cerrar las fronteras y prohibir las importaciones, sino que se debe buscar cómo mejorar la productividad y la competitividad de los productores nacionales”, explica el economista de Fedesarrollo, Mauricio Reina, quien junto con sus colegas Ximena Cadena y Alejandra Rivera, acaba de dar a conocer un estudio sobre el precio regulado de la leche, sus ineficiencias, costos y alternativas en el país.
Reina agrega que el problema está en la baja productividad del sector. Desde el año 2000, los litros producidos por una vaca en Colombia solo han aumentado 8%, mientras que en Brasil, la Unión Europea y Estados Unidos han crecido en 72%, 32% y 27%, respectivamente. Esto evidencia que la política de fomento del sector no está funcionando. El Gobierno interviene regulando los precios y hoy la tasa nominal de asistencia (que mide la diferencia entre el precio en la frontera y el precio en el mercado nacional) es la segunda más alta del sector agropecuario. El azúcar tiene 92% de tasa nominal de asistencia, la leche 88% y el arroz 67%.
“Así que no se puede decir que el problema está en falta de apoyo estatal para la leche, pues la tasa de asistencia es 40% superior a la de países similares, sino que la ayuda no está bien enfocada”, reitera Reina.
Dice que la solución no está solo en el precio mínimo y que la prueba son dos proyectos que se realizan actualmente en el país y que han mostrado grandes aumentos en productividad. Uno es con cooperación de Nueva Zelanda y con pequeños productores de Nariño y ya se ven las mejoras. El segundo es con la firma de alimentos concentrados Finca, donde se asesora en temas genéticos y de alimentación.
Otra política que podría funcionar es la que se planteó para las Zonas más Afectadas por el Conflicto Armado (Zomac), donde se busca que se puedan comprar los excedentes de leche por debajo del precio mínimo, siempre y cuando se destinen para exportación. La propuesta no ha dado los frutos esperados, pues para los industriales de la leche es difícil llegar hasta los municipios Zomac, pero Reina cree que la idea se podría ampliar a todo el país y así habría más incentivo hacia la formalidad y a ser más productivos. También podría funcionar el programa coseche y venda a la fija, donde se hacen pactos de venta a los industriales.
La propuesta del estudio de Fedesarrollo, que fue patrocinado por Alpina, es que se busquen alternativas distintas a la regulación de un precio mínimo para aumentar la productividad de la actividad lechera, más si se tiene en cuenta que la competencia de los importados va a ser aún mayor cuando los aranceles bajen a cero, lo que está pactado para 2026 en el caso del TLC con Estados Unidos y para 2028 con la Unión Europea.
