El pasado julio finalizó el plazo inicial para que los ganaderos que se hubieran considerado perjudicados por el supuesto pacto de precios e intercambio de información entre diferentes industrias de la leche de 2000 a 2013, presentaran sus reclamaciones en función de los litros vendidos en ese periodo. Según las estimaciones del sector y de los gabinetes jurídicos implicados en el proceso, se han planteado ya unas 4.000 demandas por importe de 2.000 millones de euros a razón de tres céntimos por litro vendido en ese periodo. La cifra, no obstante, podría aumentar en los próximos meses si se alarga el plazo para su presentación.
Este contencioso entre ganaderos e industrias coincide, además, con importantes tensiones entre ambas partes por el aumento de la producción en España y Europa y la reducción de salidas, sobre todo en las empresas que operaban muy directamente con la restauración. Algunas empresas no necesitan los volúmenes que habían contratado inicialmente con los ganaderos, lo que les ha llevado bien a renegociar los montantes de recogida bien a dedicarla a leche en polvo. A futuro, plantean negociar nuevos contratos de solo varios meses rebajando el precio por debajo de los 0,30 euros por litro.
La situación actual se remonta a 2015 cuando, a raíz de una denuncia presentada por Unións Agrarias-Upa en Galicia y de un informe de los Servicios de Defensa de la Competencia de Castilla y León, la CNMC imponía una multa a una docena de industrias (Capsa, Central Lechera Asturiana, Puleva, la multinacional francesa y líder en el sector Lactalis, hoy también propietaria de Puleva, Pascual, Nestlé, Schreiber, Danone, la Asociación de empresas lácteas gallegas y el Gremio de Industrias Lácteas de Cataluña) de 88 millones de euros por pactos de precios con intercambio de información para bajar las cotizaciones en origen. Las empresas recurrieron por un defecto de forma y la CNMC emitió un nuevo fallo con multa 80,6 millones el verano pasado, también actualmente en la Audiencia Nacional. Desde esa fecha se abrió un periodo de un año para presentar reclamaciones individuales por los ganaderos que hubieran realizado entregas a esas empresas.
Según los datos manejados por Unións Agrarias, a razón unas producciones medias en España anuales de 6,5 millones de toneladas (80 millones de toneladas en trece años), las compañías implicadas en el cartel, entre ellas algunas de las más importantes del sector, suponen más del 70% de ese volumen, unos 60 millones de toneladas. Este litigio abierto entre ganaderos e industrias lácteas ha provocado que en los últimos meses se hayan acercado al sector innumerables bufetes de diferente tamaño en esas zonas ofreciendo sus servicios.
1.700 demandas por 1.000 millones de euros
Unións Agrarias ha contratado los servicios jurídicos y periciales para la defensa de los ganaderos en general y hasta la fecha ya habría presentado más 2.000 demandas. Roberto García, responsable de la organización, señala que ellos, junto con la CNMC, son los únicos presentes en el caso ante la Audiencia Nacional con la posibilidad de participar en el proceso. Las demandas las pueden hacer quienes sigan en activos y también quienes lo hicieron y hoy han cerrado las granjas. Entre los ganaderos hay miedo para presentar la demanda contra unas empresas a las que siguen entregando su leche y con la que están negociando precios en sus nuevos contratos
Desde Eskariam, uno de los bufetes que se hallan en este contencioso, se han presentado ya 1.700 demandas por un importe de 1.000 millones de euros. El jefe de los servicios jurídicos de Eskariam, David Fernández, señala también la posibilidad de que las demandas se pudieran extender igualmente por parte de los ganaderos a otras industrias que, aunque no participaron en ese cártel, se beneficiaron igualmente de los bajos precios en esos años. Actualmente el número de ganaderos se sitúa en unos 13.000, pero en aquellas fechas la cifra era de unos 30.000. Unións Agrarias ha establecido la prestación de todos los servicios en base a una comisión del 10% sobre los resultados obtenidos.
Los bufetes que llevan a cabo las demandas contemplan una comisión media del 30% haciéndose cargo los ganaderos de una provisión de costes del proceso. En algunos casos, se han articulado mecanismos sobre la base de fondos de financiación que asumen todo el coste del proceso con una comisión superior. Igualmente existe la posibilidad de que un ganadero venda sus posibles derechos y se olvide del proceso.