El tiempo de negociaciones en el conflicto que hace unos meses mantiene la láctea SanCor Cooperativas Unidas Limitadas (CUL) con sus trabajadores parece ir agotándose. Pero, mientras los obreros representados por la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra) parecen dispuestos a encarar acciones legales por incumplimientos salariales, desde este miércoles circula entre el personal un comunicado interno. En el mismo, la conducción de la empresa con sede en Sunchales explica la propuesta que elevó a consideración del gremio en el cual menciona la voluntad de destrabar “las medidas de fuerza implementadas y poder reiniciar la actividad”.
Valer recordar que, ante la falta de solución al conflicto, que se inició a mediados de octubre pasado, SanCor cerró una planta elaboradora de quesos que funcionaba en sociedad con una firma zonal, en la ciudad de San Guillermo, al noroeste de la provincia.
En el documento, al que accedió LA NACION, SanCor explicó que “la propuesta realizada establece los montos a pagar a partir de la segunda semana de aplicación de la misma, dado que es imprescindible retomar la actividad para garantizar el flujo de fondos necesarios para establecer el cronograma de pagos”.
Luego de recordar que “sin producción no ingresa dinero a la empresa”, se comentó que en el Ministerio de Trabajo, donde se concretaron las audiencias de partes, “se había acordado informalmente que el gremio brindaría el pasado lunes una respuesta que nunca llegó”. Por eso, se añadió, “ayer (por el martes) 12 de diciembre, SanCor se vio obligada a elevar una nueva nota al secretario de Trabajo y Desarrollo Social de la Nación, Osmar Yasín, para adecuar las fechas propuestas, actualizando su vigencia”.
Y, si bien indicó que “en principio (las partes) debían volver a encontrarse el 18 de este mes”, por la falta de respuesta del gremio no está asegurada su realización. Incluso, desde Sunchales se especula con la posibilidad de que el ingreso de la nueva gestión de gobierno a nivel nacional ayude para destrabar el conflicto. El primer paso, se estima, debería ser el dictado de la conciliación obligatoria, trámite que según la empresa, denegó hace dos meses la entonces titular de la cartera laboral, Raquel Olmos.
En un reciente informe, este diario comentó que los propios trabajadores, en una reunión ampliada con delegados de todas las plantas que opera la cooperativa, admitieron conocer que había habido una propuesta de pago de salarios caídos pero que se aguardaba que el gremio la trasladara a las bases para su evaluación, lo que se demora.
La propuesta
Según el texto que circula entre los trabajadores, la propuesta de SanCor establece los montos a pagar a partir de la segunda semana de aplicación de la misma, dado que es imprescindible retomar la actividad para garantizar el flujo de fondos necesarios para establecer el cronograma de pagos.
En resumen, lo que se prevé en la propuesta es pagar al personal en actividad plena de la siguiente manera:
• Semana 1: un monto similar al que se viene percibiendo
• Semana 2 a 4: $ 250.000
• Semana 5 a 9: $ 300.000
En tanto, para el personal en jornadas libres y RVA, se prevé:
• Semana 1: un monto similar al que se viene percibiendo
• Semana 2 a 4: $ 120.000
• Semana 5 a 9: $ 150.000
Complementando los montos mencionados, el comunicado interno sostiene que “a partir de los 45 días de reiniciada la actividad, el salario se ajustará en un todo a lo que se determine en las paritarias del sector, con cobro pleno por parte de cada uno de los empleados, de acuerdo a su nivel de actividad. También se cumplirá con la recuperación de los saldos adeudados tal como se manifestó en la presentación realizada ante el exMinisterio de Trabajo de la Nación, hoy Secretaría de Trabajo y Seguridad Social.
Demanda
En tanto, sigue el trabajo de los profesionales que patrocinará a un grupo de trabajadores que decidió iniciar las demandas judiciales a la cooperativa por los recortes salariales (aportes jubilatorios y de la obra social descontados pero no transferidos).
Según admitió hoy una abogada del foro local que ejercerá esa acción, actualmente se realizan reuniones con abogados de Buenos Aires, que representarán a otro grupo de trabajadores para definir, quizá la semana próxima, las coordinación de acciones.
“La idea es resolver, con los elementos aportados por los trabajadores, si la denuncia se presenta en la Justicia ordinaria provincial, por estafa en perjuicio de los obreros, o sí también se concreta una presentación ante la Justicia Federal, en este caso por defraudación al fisco”, explicó una fuente cercana a los profesionales locales.