Esta semana, el movimiento Pymes, Emprendedores y Productores (PEP), que integran más de 2000 pequeñas y medianas empresas del país, cobró relevancia al manifestar su apoyo a la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei. Entre ellas hay una nutrida lista de entidades y emprendimientos relacionados con el sector agropecuario que consideran imperioso el aval íntegro de la propuesta oficial.
Entre estas miles de firmas que “fomentan un mercado más competitivo y creación de empleo” está la Cámara Argentina de Contratistas Forrajeros (CACF), entidad que genera a lo largo y ancho del país 11.700 empleos directos por año. Fernando Opacak, coordinador general de esta entidad, sostuvo que apoyan el DNU en su totalidad, hasta que alguna de las cámaras lo ratifique o lo derogue, no solo por el tema de la reforma laboral. Según explicó, hay muchas cosas que vienen bien desregularizando la economía: “Nosotros lo apoyamos, no solo mirándonos el ombligo…”, puntualizó. La semana pasada se enteraron de que se estaba creando un grupo de pymes emprendedoras que iban a llevar adelante una movida apolítica para avalar la reforma laboral dispuesta en el DNU.
“En el interior productivo hay muchas personas bajo el paraguas del Estado. Hay muchas personas que no quieren trabajar porque cobran dinero mensual por planes, y cuando se quiere poner en blanco para hacer un trabajo temporal no lo quieren tomar, porque pierden el beneficio de plan social. Es un círculo vicioso que no se sabe por dónde encararlo. En algún momento va todo concatenado, los planes sociales con la reforma laboral. El DNU lo que hace es destrabar esa situación, no la va a solucionar del todo hasta que la economía no arranque”, precisó. El apoyo en el rubro de estos contratistas es por la escasa oferta de mano de obra que observan en el país, motivado por los planes sociales que otorga el Estado.
La CACF tiene 170 socios en el país y el parque de equipos forrajeros, que suman unos 900 [el equipo se compone de la picadora automotriz, camiones forrajeros, casillas, camionetas, embolsadoras y tractores] representan a nivel país una inversión de US$2.250.000.000. De este sector dependen 12.000 familias.
Por campaña en la actividad consumen 160 millones de litros de gasoil. Este sector genera a partir de su servicio el 30% de la carne y un 65% de la leche que se produce con base en silaje. “Somos un sector muy importante que se hace invisible, porque cuando se habla del campo se habla del productor en particular y no del contratista forrajero, pero es partícipe muy necesario en la producción de leche y carne. Tiene mucha relevancia, dependen muchas familias directas e indirectas, porque trabajan en todo el país y generan trabajo en todos estos lugares”, extendió.
La necesidad de la reforma laboral, explicó Opacak, es porque en los gobiernos de los últimos 40 años no se le dio prioridad al sector pyme. “Lo único que hicieron los gobiernos fue mirar para el costado. Todas las empresas del sector contratista forrajero son del sector pyme. Los gobiernos siempre le dieron la espalda. En principio, con los créditos: hoy hay muy pocos créditos para inversión. No se puede importar maquinaria. El 90% de la maquinaria, en este sector es importada, no se hace en Argentina, salvo algunos tractores, todos los demás se importa”, añadió.
A esto se le suma la distorsión que se genera por el tipo de cambio, que imposibilitan las operaciones. “Las pymes están al límite de su rentabilidad, muchas están trabajando al costo, asfixiadas económicamente y con toda la burocratización que hay en el Estado, desde la obtención de los permisos de tránsito para circular y cada una de las normas distintas en las provincias”, agregó.
En el capítulo IV del DNU se incluyen modificaciones profundas, como límites al derecho a huelga, cambios en las indemnizaciones y una reforma en el modo en que recaudan los sindicatos que golpeará sus ingresos. La reforma está suspendida por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, de acuerdo con el fallo del pasado 3 de enero. La Sala de feria de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dictó una medida cautelar suspendiendo la aplicabilidad de lo dispuesto en el Titulo IV Trabajo del DNU, hasta tanto recaiga sentencia definitiva sobre la cuestión de fondo. La decisión la tomaron los camaristas Andrea García Vior y Alejandro Sudera, con la disidencia de la tercera integrante del tribunal, María Dora González.
Marcelo Festa se dedica a la actividad láctea desde hace 35 años; es dueño de Quesos Festa, una fábrica de General Las Heras. El empresario sostuvo que la única manera de sacar el país adelante es generando divisas tanto en la exportación como en el mercado interno. “Hoy ninguna industria quiere tomar empleados por los juicios laborales y la gran carga social que es brutal. Es imposible competir contra cualquier país del mundo en esta escala [de costos]. Es necesario que se termine la industria [del juicio] laboral y ponerse a trabajar. En este país nadie quiere invertir ni tomar más empleados de los que se necesitan o si se tiene que agrandar porque los costos son muy altos por las cargas tributarias y sindicales”, precisó. Su pyme genera 26 puestos de trabajo directo.
La reforma laboral les permitirá ampliar el rango de capacitación al personal sin tener problemas judiciales ni juicios laborales que desequilibren la estructura de los emprendimientos. “Ninguna pyme toma un empleado para echarlo, que el sindicato se encargue de los sueldos y nada más”, precisó. Un ejemplo que dio el empresario es que si una pyme factura 15 millones de pesos y un empleado que se va hace un juicio, este puede llegar a costar un mes de facturación completa, sumado a las multas que impone la Justicia
“La industria del juicio es otra cosa. Ninguna pyme toma un empleado y deja de invertir para echar al empleado a los 13 meses. Nosotros generamos economías regionales, no nos toca el timbre una persona calificada; son con muy pocos estudios y capacitar a esa persona no nos lleva menos de un año porque manipulamos alimentos”, expresó. En la Argentina, dijo, los impuestos sobre el producto alcanzan el 110%, y el costo más grande está en lo laboral. “Las pymes tenemos cero derechos y siempre necesitamos que el empleado genere, y no que cuanto más tiempo está en la empresa se vuelve menos operativo y productivo”, agregó.
