El nuevo año trae consigo un panorama económico marcado por contrastes en España. Aunque los jubilados celebran una subida del 2,8% en sus pensiones, equivalente a unos 600 euros adicionales anuales para quienes perciben una pensión media, otros sectores de la población enfrentan retos económicos. Entre ellos, el encarecimiento de alimentos básicos y servicios esenciales como la electricidad y las telecomunicaciones.
Por otro lado, el transporte público seguirá siendo uno de los pilares de apoyo del gobierno. Las ayudas para abonos gratuitos en servicios de Renfe y transporte terrestre en las islas se extienden hasta mediados de año, y por primera vez se incorporan descuentos del 50% en sistemas de bicicletas compartidas, fomentando la movilidad sostenible.
Sin embargo, el alivio para las familias se ve limitado por el congelamiento del salario mínimo interprofesional y las retribuciones de los funcionarios. A su vez, el incremento en los precios de productos básicos, como la leche, el pan y las frutas, tras la finalización de las rebajas del IVA, genera preocupación.
Este aumento impactará directamente en la cesta de la compra, que ya ha subido un 37% desde 2018, según datos del Partido Popular. Mientras tanto, los impuestos energéticos también retornan a valores anteriores, haciendo que el IVA de la electricidad pase del 5% al 21%.
A partir del 1 de enero, productos esenciales como la leche, los huevos y las frutas ven duplicado su IVA, que pasa del 2% al 4%. Esto quiere decir que dichos alimentos experimentarán una subida de al menos un 2% de cara al 2025.
Además, la eliminación de descuentos en el bono social eléctrico reducirá las ayudas a consumidores vulnerables, quienes sufrirán un recorte progresivo en los porcentajes de descuento hasta 2026.
En el sector energético, los cargos fijos de la factura eléctrica aumentarán entre un 33% y un 39%, lo que, junto con el incremento del IVA, elevará considerablemente el gasto mensual de los hogares. Aunque los peajes regulados por la CNMC bajan un 4,4%, esta disminución es insuficiente para contrarrestar el alza global.
El transporte público se mantiene como una excepción positiva. Las ayudas garantizan tarifas reducidas para pasajeros frecuentes y la gratuidad en ciertas líneas estatales y servicios urbanos, lo que representa un alivio significativo para millones de usuarios.
Mientras el gobierno defiende su gestión señalando la contención de la inflación alimentaria, que pasó de un alarmante 16,6% en 2023 a un 1,7% en noviembre de 2024, la oposición critica la carga fiscal sobre los ciudadanos.
Desde el PP acusan al Ejecutivo de implementar más de 80 subidas de impuestos desde 2018, lo que, según ellos, ha elevado la presión fiscal en 2600 euros por persona al año. Esto es más del doble de lo que se espera para el SMI en 2025 (1145 euros en 14 pagas).
En este contexto, los debates sobre vivienda y transporte también cobran fuerza. Aunque se prorrogan medidas como la suspensión de desahucios y las ayudas al transporte público, el acceso a una vivienda asequible sigue siendo una preocupación central para la ciudadanía, especialmente para los jóvenes.
El 2025 comienza con un escenario económico mixto, donde las políticas de apoyo social se entrelazan con incrementos de precios que presionan a las familias. La sostenibilidad de este modelo será clave para determinar su éxito y afrontar los retos que el nuevo año trae consigo.
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