Las razones son muy claras: todos saben que, al momento de buscar financiamiento externo, los folletos con fotos aéreas de un pozo de extracción de gas o petróleo no convencional por medio de fracturación hidráulica queda mucho mejor que un campito con un tractor arrastrando una sembradora.
Afortunadamente, en las últimas décadas los diferentes gobiernos han comprendido ese mandato histórico, razón por la cual se vienen implementando, de manera sistemática, políticas para lograr la tan ansiada meta.
En los primeros nueves meses de este año el gobierno nacional subsidió a compañías productoras de gas natural con 21.970 millones de pesos en el marco del “Programa de Estímulo a las Inversiones en Desarrollos de Producción de Gas Natural proveniente de Reservorios No Convencionales”.
Pero las compensaciones que se destinarán a los productores de soja no puede superar los 11.550 millones de pesos, lo que implica, seguramente, que las compañías hidrocarburíferas terminarán recibiendo este año una cifra 100% superior a la eventualmente pagada por el Estado a los empresarios agrícolas.
La buena noticia es el secretario de Energía, Darío Martínez, está terminando de redactar un decreto que implementará a partir de 2021 un nuevo régimen de subsidios denominado “Plan de Promoción de la Producción de Gas”.
El gobierno argentino además emplea fondos públicos para subsidiar a la demanda de gas: más de 7700 millones de pesos al sumar las compensaciones directas destinadas a los consumidores más los aportes realizados al sector distribuidor de gas.
En el sector agroindustrial el gobierno también subsidia a la demanda, pero lo hace con recursos de las compañías elaboradoras de alimentos a través de un programa obligatorio de precios máximos que, si bien genera perjuicios económicos significativos para el sector privado (los mayores afectados son los sectores lácteo y molinero), es indispensable para no desequilibrar las cuentas públicas.
El gobierno argentino también dispuso –muy convenientemente– subsidiar a la industria petrolera por medio de la instauración de un “precio sostén” para las ventas internas de crudo y la eliminación de los derechos de exportación.
Por supuesto: tales iniciativas no se pagan solas, razón por la cual es necesario aplicar derechos de exportación a los productos agroindustriales, que actualmente, en el caso del poroto de soja, es del 32% del valor FOB del producto.
Si bien el petróleo está exento de pagar retenciones, no puede suceder lo mismo con el biodiesel, que tiene un adecuado derecho de exportación del 28% por el hecho de estar elaborado con aceite de soja. Por su parte, la industria elaboradora de bioetanol en base a maíz ha demostrado que no puede ser competitiva en el marco del virtual congelamiento de precios de ese biocombustible instrumentado para preservar la estabilidad fiscal en un marco de emergencia económica y social.
Algunos sostienen que las políticas extractivas implementadas contra el agro argentino promueven el despoblamiento del territorio nacional, pero les falta visión de futuro: así como en su momento se logró concretar un swap de yuanes con la cesión de apenas 200 hectáreas en la provincia de Neuquén, no faltará oportunidad para intercambiar algún beneficio sustancial con el ingreso de un millón de chinos que laboriosamente vengan a trabajar el suelo argentino.
Cuando llegue ese momento tan deseado, en el cual la Argentina finalmente logre alcanzar su destino de potencia hidrocarburífera, seguramente –tal como sucede en muchas naciones petroleras– se instale una monarquía absolutista que logre, de una vez por todas, conformar la anhelada unidad entre los argentinos. No pierdan las esperanzas.
