Con una campaña de cartelería ubicada en la vía pública y un documento explicativo, el Grupo Empresarial C-20, alertó sobre la afligente situación de las empresas y cargó duro contra “los políticos” de todas las extracciones partidarias a quienes responsabilizó por el “desempleo, la inflación, la pobreza, la inseguridad” y la pesada mochila tributaria.

Si bien la acción es organizada por este colectivo de entidades y lleva la firma de 16 cámaras, Confederaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez) se sumó al novedoso reclamo que ocupó espacios de cartelería en numerosos sectores del centro y macrocentro de Córdoba.

El planteo cuenta con el apoyo de las cámaras de Corredores Inmobiliarios, Desarrollistas y Profesionales de la Construcción, Repuestos Automotor, Desarrollistas Urbanos, Pastas Frescas, Ferreterías, Informática, Metalúrgicos, Madera y Mueble, Supermercados, el Centro de Industriales Panaderos, la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica, las federaciones de Transporte Automotor y Expendedores, el Foro Productivo de la Zona Norte y la Asociación de Productores de Seguros.

Con el hashtag #NoPodemosMás, las entidades señalan que los problemas descriptos “requieren de varias reformas, entre ellas de una reforma tributaria y laboral acorde a los tiempos que corren y a la gran crisis económica que hoy se ve profundizada por la pandemia”, dijeron.

RESTRICCIONES

“Estamos en contra de las restricciones generadas por la pandemia porque creemos que cada actividad productiva, comercial y de servicios debe encontrar la forma de trabajar con los protocolos correspondientes para evitar el masivo cierre de empresas y negocios”, remarcaron.

También dice la declaración que las empresas Pyme necesitan “más vacunas” para su personal con la mayor cobertura posible para la población.

“Las Pymes y los trabajadores necesitamos un Estado presente y eficiente”, menciona el C-20, y reclama que el Poder Judicial “garantice el cumplimiento de las leyes, la independencia de poderes y el respeto a la Constitución nacional”.

En un párrafo dirigido a la clase política, el C-20 apunta que “todos los políticos no han podido dar respuesta” a la problemática. “Basta de promesas electorales incumplidas”, resalta.

En la parte final pide la urgente restitución de la educación presencial, y que los “legisladores trabajen con celeridad en leyes laborales que permitan terminar con la industria del juicio”.