Esta actualización tiene la finalidad de determinar el valor genético, los méritos u otras capacidades de los reproductores. Para ello, el real decreto incorpora las novedades recogidas en el reglamento comunitario de Cría Animal.
De igual forma, la norma favorece la adecuación del sector lechero a los avances tecnológicos, como puede ser la digitalización y robotización, lo que permite una mayor autonomía de las explotaciones a la hora de generar información válida para los programas de cría, de forma que se puedan considerar otras posibilidades en la recogida de datos. En este sentido, el real decreto permite, por primera vez, el autocontrol por parte del ganadero, lo que va a facilitar el relevo generacional en este tipo de actividad ganadera.
Este real decreto, que mantiene la regulación del apoyo económico al control de rendimiento lechero, actualiza algunos aspectos en la gestión de las subvenciones, para adaptarlo al marco normativo europeo en materia de ayudas de Estado y a la normativa nacional sobre subvenciones. En concreto, incorpora esa adaptación a las bases reguladoras de ayudas a las asociaciones de criadores de ganado puro, tanto de ámbito nacional como autonómico. Actualmente, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación destina un total de 7,65 millones de euros a financiar las tres líneas de ayudas.
Por otra parte, la norma aprobada hoy incluye una modificación del real decreto de 1053/2022, de 27 de diciembre, por el que se establecen normas básicas de ordenación de las granjas bovinas. Mediante la aplicación de ajustes técnicos, se busca reforzar la seguridad jurídica y garantizar su coherencia con la realidad y necesidades de funcionamiento del sector.
Así, se prohíben determinados procedimientos y aparatos de manejo, para proteger el bienestar de los animales. También se rectifica la tabla de equivalencias de Unidades de Ganado Mayor, que venía recogida en el anexo del citado real decreto, a fin de eliminar discrepancias y garantizar su paralelismo con la tabla de equivalencias recogida en el real decreto para la aplicación, a partir de 2023, de las intervenciones en forma de pagos directos y el establecimiento de requisitos comunes en el marco del Plan Estratégico de la Política Agraria Común (PAC).
