Siguen los problemas judiciales para Lácteos Vidal tras despedir a 29 empleados pertenecientes al sindicato de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra) que habían bloqueado la fábrica por más de un mes.
El Juzgado Nacional de 1ra instancia del Trabajo Número 69, acargo del juez juez Ignacio Ramonet, ordenó el embargo por el monto de $ 5.044.000 contra Lácteos Vidal. Esto sería el total hasta el momento de los 10.000 pesos por día que debe abonar por empleado que no reincorpora que se había ordenado en otro fallo previo.
“No sé cómo voy a hacer para pagar los sueldos de los trabajadores y los impuestos. No tengo plata en otra cuenta para pagar”, sostuvo a Clarín Rural Alejandra Bada Vázquez, dueña de Lácteos Vidal.
Además, rechazó el pedido de la pyme de Carlos Casares de que se sustituya el embargo por otra medida porque según el fallo, “no demuestra voluntad de cumplir con el pago”. Según comentó Vada Vázquez, desde la pyme habían ofrecido un camión con acoplado en vez del embargo de la cuenta.
Ahora, los abogados de la empresa estudian los pasos a seguir tras este nuevo fallo en contra.
“El juez Ramonet insiste en violar mi derecho de propiedad privada. No me autorizó la sustitución del embargo. No respetan la libre contratación, me quiere obligar a reinstalar gente que ya despedí. Estoy acosada”, disparó.
“Para qué tener una empresa en Argentina si en la realidad no sos el dueño, si no podés tomar decisiones, si no podés trabajar con quien querés”, se preguntó analizando la situación la dueña de la pyme.
Cabe recordar que Lácteos Vidal había tenido dos fallos en contra que ya fueron apelados: obligaba a la empresa a reincorporar a 29 trabajadores despedidos y a que defina una entidad bancaria para que efectivice las astreintes (sanción por demorar el cumplimiento de la orden judicial) que van en torno a los $ 10.000 por día por cada uno de los despedidos desde el 18 de mayo.
“Yo no los puedo ni quiero volver a tener adentro de mi fábrica porque mis empleados viejos se sienten acosados”, advirtió la empresaria ante la imposición de la Justicia de que los reincorpore.
Según contó al dueña de la pyme, tras los despidos, incorporaron a 25 nuevos trabajadores y están trabajando a plena producción, tanto para el mercado interno como la exportación.
E insistió que hay en proceso dos denuncias penales contra los que bloquearon la planta: IPP 17-00-004240-22/00 e IPP 17-00-003792-22/00 en trámite ante la Unidad Funcional De Instrucción y Juicio Nro. 3 del Departamento Judicial de Trenque Lauquen.
Solidaridad de sus pares
Este sábado se iba a realizar un abrazo solidario en la planta de Moctezuma de Lácteos Vidal impulsado por la cadena láctea, pero finalmente se suspendió por problemas de salud que está atravesando Alejandra Bada Vázquez.
“Tal como se expresó públicamente Apymel (Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas Lácteas), con el apoyo de las cámaras y gremiales, Lácteos Vidal desde julio de 2022 se encuentra sujeta a las presiones desmedidas llevadas a cabo por trabajadores nucleados en Atilra, con fallos judiciales que sorprenden y no parecen compadecerse con lo que ha venido sucediendo en este conflicto”, expresaron en un comunicado desde la Cámara de Productores de Leche de la Cuenca del Sudoeste Bonaerense (Caprolecoba) previo a la organización del abrazo solidario.
“Las empresas constituyen espacios de trabajo, incluso en las localidades más lejanas donde muchas veces movilizan a la economía y la actividad social de los pueblos, elaborando productos de calidad, que son fundamentales para la nutrición y la buena salud de la población, remarcaba el comunicado”, destacó la Cámara.
Recientemente, la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas Lácteas (Apymel) expresó su solidaridad con la empresa y lanzó duras declaraciones contra el accionar de la justicia, describiendo la situación que viven muchas firmas del sector en relación a los gremios.
“Nuevamente, vemos cómo las pymes son rehenes de medidas de acción directa por parte de gremios poderosos, utilizando y desnaturalizando de manera espúrea e inapropiada el derecho constitucional de huelga, para obtener resultados a los que se les dificulta acceder con reclamos o debates por las vías del derecho y en el ámbito competente que la propia ley de fondo marca”, afirmaron en un comunicado.
Y agregaron: “Con este método impropio se pretende doblegar la voluntad de la empleadora, impidiendo de manera flagrante el derecho al libre comercio y afectando al ejercicio de la libre empresa. Este abusivo y reiterado actuar hace vislumbrar claramente como nuestras pymes resultan indefensas y obligadas a acatar lo que se les impone, en una absoluta violación de derechos y garantías amparadas por la Constitución Nacional Argentina”.
Para Apymel, la posición adoptada por Atilra “jaquean la continuidad de las empresas pequeñas y medianas, y el sostenimiento de las fuentes de trabajo que en ellas se generan”.
“Exigimos a las autoridades ejecutivas y judiciales que respeten y hagan respetar la propiedad privada, a las empresas junto con sus trabajadores y entorno, pero con una consideración suprema de los derechos constitucionales, para poder trabajar de manera libre, al amparo de la seguridad jurídica. Evidenciamos nuestra tremenda y alarmante preocupación, por la manera en que la Justicia, ajena a la realidad que transitamos las pymes lácteas, ha abordado y resuelto esta problemática”, expresaron desde Apymel.