Tanto la compañía como el empresario carecen de experiencia o antecedentes en la actividad para la que fueron contratados.
Puente Córdoba creó Grupo Vicente Suárez 73 SA de CV el 11 de noviembre de 2014 como una empresa de la construcción y fue hasta el 3 de diciembre de 2018 –a los dos días del cambio de gobierno- cuando se añadió a su objeto social que también se dedicaría a la producción y comercialización de productos agrícolas y ganaderos.
El 12 de diciembre de 2019, a un año de haber cambiado de giro, Liconsa firmó un convenio con Grupo Vicente Suárez 73 para que procese como mínimo 400 mil litros de leche al día en una planta que se construirá en Tabasco. Cinco días después, el 17 de diciembre, se firmó un segundo convenio con la misma empresa, con idénticas características de volumen, pero esta vez para una planta procesadora que se construirá en Zacatecas.
Ambos convenios fueron firmados por Alejandro Armenta Peralta, quien desde 2012 ha sido abogado y apoderado legal de múltiples negocios de Puente Córdoba, según pudo constatar Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
Los convenios tienen vigencia de cinco años a partir de su firma, y en los mismos se establece que será hasta diciembre de 2021 cuando inicien operaciones las plantas procesadoras de leche del Grupo Vicente Suárez 73 en Tabasco y Zacatecas.
No obstante, en los convenios hay una cláusula que permite a la empresa vender a Liconsa leche procesada desde el momento de la firma (diciembre de 2019), vía la subcontratación con otras compañías ya establecidas que cuenten con la infraestructura necesaria.
La empresa llegó a un acuerdo con un productor ganadero del norte del país que realiza el proceso de secado en sus plantas, por lo que ya surte el lácteo a Liconsa.
En los documentos oficiales obtenidos por MCCI se menciona que Liconsa tiene un presupuesto de hasta 806 millones de pesos al año para los servicios de Grupo Vicente Suárez (403 millones por cada convenio), por lo que de diciembre de 2019 a diciembre de 2024 el desembolso superaría los 4,030 millones de pesos.
Además, entre abril y diciembre de 2019, Diconsa otorgó otros dos contratos a la misma empresa para la venta de fruta para su programa de abasto rural, por 485 millones de pesos.
De esa forma, los contratos acumulados por Grupo Vicente Suárez 73 tanto para surtir leche como fruta superan los 4 mil 500 millones de pesos.
¿Quién es Alejandro Puente?
Alejandro Puente Córdoba es un empresario del sector telecomunicaciones que se vio involucrado en diversos casos de corrupción durante el sexenio de Calderón.
En enero de 2012, mientras se desempeñaba como Presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Telecomunicaciones por Cable (Canitec), Puente fue nombrado titular del Consejo de Participación Ciudadana de la extinta PGR, y desde ese cargo hizo negocios en la propia dependencia, según documentó el periódico Reforma en distintos reportajes.
Por ejemplo, en septiembre de 2012 la PGR –en aquel momento encabezada por Marisela Morales- le pagó 126 mil dólares por 30 horas de vuelo de un avión de Grupo Aeronáutico AFA, del que Puente era dueño del 99% de las acciones.
Luego, en diciembre del mismo año, funcionarios de la Procuraduría, empresarios de la aviación y el director de la Canitec se pusieron de acuerdo, mediante mensajes de correo electrónico, para ajustar un contrato de renta de un helicóptero a la PGR que beneficiaría a la empresa de aviación de Puente.
La misma empresa de Puente estuvo involucrada en un presunto acto de corrupción de la Oficial Mayor de la PGR, Guillermina Muñoz Soto.
En 2012, Muñoz Soto compró en 8.7 millones de pesos una casa en Jardines del Pedregal, pero la PGR detectó que la ex Oficial Mayor sólo había pagado con su dinero 2.2 millones y los restantes fueron saldados por terceros, entres ellos 3 millones aportados por Grupo Aeronáutico AFA, de Puente Córdoba, de acuerdo con las investigaciones de Reforma.
En mayo de 2012, en pleno proceso electoral, Puente publicó un desplegado en distintos diarios en el que llamó a Carmen Aristegui “emisaria” del empresario Carlos Slim y “cabildera” de Telmex y Telcel. En la misma publicación le reprochó a la periodista haber sido ofensiva en una entrevista que le había realizado al entonces candidato presidencial del PRI, Enrique Peña Nieto, en su noticiero de MVS Radio.
Aquel año, Puente buscaba llegar al Senado como parte de la llamada “telebancada”, y para ello logró que lo integraran a la lista plurinominal de Movimiento Ciudadano, partido que en ese entonces postuló a la Presidencia a López Obrador.
El empresario también ha enfrentado señalamientos de conflicto de intereses. El sitio Arena Pública reveló que en mayo de 2014 un avión propiedad de la empresa aeronáutica de Puente había transportado hacia Acapulco a la entonces presidenta de la Comisión de Radio y TV del Senado, la perredista Alejandra Barrales. Eso ocurrió cuando estaba en plena discusión la reforma legislativa a las telecomunicaciones.
Traspasa acciones a su abogado
Grupo Vicente Suárez 73 SA de CV –la empresa que recibió los contratos de Liconsa- fue constituida el 11 de noviembre de 2014 ante el notario Ignacio Morales Lechuga, en la Ciudad de México, aunque el acta fue inscrita dos meses después en el Registro Público de Comercio de Cuernavaca.
Como socios fundadores de la empresa aparecen en el acta Alejandro Puente Córdoba, quien en ese momento era presidente de la Canitec, y Raymundo Miravete Melo, quien fungía como consejero y director jurídico de la misma cámara. Ambos dijeron ante el notario que tenían su domicilio en avenida Palmas 555, séptimo piso, en la colonia Lomas de Chapultepec, aunque en realidad esa dirección corresponde a oficinas corporativas.
En el acta constitutiva se estableció que el objeto social principal de la empresa sería “la construcción, instalación, modificación, ampliación, reparación, remodelación, demolición, adquisición, enajenación, alquiler, arrendamiento, subarrendamiento, uso o goce de cualquier tipo de edificaciones”.
El objeto social fue modificado en una asamblea realizada el 3 de diciembre de 2018 ante el mismo notario Morales Lechuga. Aquel día se añadió al artículo quinto de los estatutos que la empresa se dedicaría, además, a la producción, industrialización, empaque, envasado y comercialización de productos agrícolas y ganaderos.
También aquel día los socios fundadores cedieron sus acciones a Alejandra Escamilla Yesaki, una joven integrante de una familia de Monterrey dedicada a la crianza y comercialización de pollos, y a un abogado de nombre Édgar Alejandro Armenta Peralta, que desde 2012 ha sido el apoderado legal en empresas de Alejandro Puente Córdoba, según documentos obtenidos por MCCI.
Armenta Peralta es un hombre de todas las confianzas de Alejandro Puente. El 9 de abril de 2014, por ejemplo, el empresario lo nombró como su apoderado general en la empresa Canal Capital SA de CV, que en julio del mismo año recibió el traspaso de todos los activos de Efekto TV, incluida la cobranza de su cartera de clientes, que incluía a los gobiernos de Quintana Roo, Morelos y la Ciudad de México.
Más reciente, el 24 de septiembre de 2019, Alejandro Puente nombró al mismo abogado Armenta Peralta como apoderado general de la empresa AP Tradimex, dedicada a servicios de alimentos, la cual estableció en la Ciudad de México en sociedad con su hermano Arturo Puente.
En octubre del mismo año, el hermano de Alejandro Puente otorgó poder a Armenta Peralta como representante en su empresa TIIM Movilidad SA de CV, establecida en Monterrey, y dedicada a la explotación del servicio de transporte en todas sus modalidades.
Algunas empresas de telecomunicaciones de Puente tuvieron su dirección en Montes Urales 425, el mismo edificio en Lomas de Chapultepec en el que Emilio Lozoya denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) que en 2013 se hicieron pagos de sobornos a legisladores del PAN.
Ese era el domicilio de Canal Capital y de Latin-American Broadcasting Industries, razón social de Efekto TV, de las que fue dueño Puente. Además, esa es la dirección particular que el empresario aportó en Miami, Florida, cuando creó en aquella ciudad las compañías Smyth And Partners, B&E TV y Global Business Affairs LLC.
El 7 de agosto de 2012, un representante del Instituto Federal Electoral (IFE, hoy INE) acudió al domicilio de Montes Urales 425 a notificar una investigación de presuntas irregularidades en el proceso electoral de aquel año, que involucraban a una empresa de telecomunicaciones.
Y quien atendió aquella diligencia del IFE, como persona autorizada para recibir notificaciones en ese domicilio, fue el abogado Édgar Alejandro Armenta Peralta, según el oficio con su firma del que MCCI tiene copia. Ese mismo abogado es el que ahora aparece como el dueño de la empresa contratada por Liconsa para abastecer leche procesada.
Los convenios
René Gavira Segreste, quien a mediados de 2020 fue cesado como director de Finanzas y Planeación de Liconsa por presuntas irregularidades, fue el funcionario que firmó los dos convenios de coproducción con Grupo Vicente Suárez 73 en diciembre de 2019.
Por parte de la empresa firmó el supuesto dueño, Alejandro Armenta Peralta, y como testigo Ricardo José Lambretón López Ostolasa, socio de Puente Córdoba.
En los dos convenios, Liconsa se compromete a proporcionar al menos 400 mil litros diarios de leche fluida para su secado o deshidratación.
La empresa, a su vez, se compromete a realizar los procesos de descremado, fortificado, incorporación de grasas vegetales, vitaminas A y D3 y secado mediante deshidratacion de la leche proporcionada por Liconsa, así como realizar el ensobretado del producto en sobres de 210 gramos, equivalentes a dos litros de leche semidescremada.
Por las características del proceso, las plantas que se construirán en Zacatecas y Tabasco son conocidas como “secadoras” de leche.
La empresa contratada se comprometió a realizar el proceso de descremado para obtener la leche en polvo, a la que se le deberá adicionar grasa vegetal (oleína de palma), lecitina de soya y vitaminas.
El volumen mínimo a procesar diariamente, durante la vigencia del contrato, será de 400 mil litros de leche.
Como contraprestación, Liconsa pagará la grasa vegetal y vitaminas que se adicionan a la leche; 18.95 pesos por kilo del producto procesado para ser ensobretado y 2.30 pesos por cada sobre de 210 gramos empaquetado, equivalente a dos litros. Para cubrir lo anterior, el presupuesto máximo anual de Liconsa será de 806 millones de pesos (403 millones por cada planta).
El coproductor pagará a Liconsa 21 pesos por cada kilogramo de la crema obtenida del proceso de secado, la cual podrá comercializar a terceros.
La fecha programada de inicio de operación de ambas plantas es el 17 de diciembre de 2021. Pero hay una cláusula que permite a la empresa realizar entregas de producto a Liconsa, vía la subcontratación, a partir de la fecha en que se suscribió el convenio.