La coordinadora del PRD en la Cámara de Diputados, Verónica Juárez, demandó que los daños al erario ocasionados por las irregularidades en el manejo del presupuesto de Seguridad Alimentaria (Segalmex) sean restituidos y aplicados para fin inicial.
La legisladora lamentó que los desvíos detectados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) se localicen en organismos cuya función principal es la de garantizar mejores condiciones de vida para las personas que se encuentran en vulnerabilidad.
“Exigimos que los daños al erario sean restituidos y que estos recursos sean aplicados para su fin iniciar, que es la atención de niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad”, exigió.
Reforma publicó este lunes que, de acuerdo con la ASF, Segalmex no pudo comprobar el destino de 3 mil 27 millones de pesos de su presupuesto erogado en 2019, cifra que equivale al 37.5 por ciento del gasto etiquetado ese año.
Según la Auditoría, el organismo creado por la actual Administración no acreditó información accesible, confiable, verificable, veraz y oportuna del gasto, no tiene registro de los apoyos y subsidios entregados a los productores de leche y pagó 134 millones de pesos a 691 “grandes” productores que excedieron el tonelaje permitido.
“Lamentamos que estos desvíos e irregularidades se presenten en organismos cuya función principal es la de garantizar mejores condiciones de vida para quienes se encuentran en situación de pobreza y pobreza extrema”, agregó.
Juárez sostuvo que la incapacidad no puede ser un pretexto para incumplir con los fines fundamentales del Estado.
La coordinadora parlamentaria recordó que el nombramiento de personas sin conocimiento o experiencia y únicamente por sus vínculos con el poder también es corrupción y debe ser sancionada.
Lo anterior en referencia al titular de Segalmex, Ignacio Ovalle, quien es cercano al Presidente, y bajo su gestión han surgido señalamientos por la adjudicación de contratos sin licitar y la entrega de algunos de ellos a empresas de reciente creación.
Segalmex nació en 2019 como un organismo de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y su objetivo es coordinar los esfuerzos de Liconsa y Diconsa a fin de convertirse en el puntero de la distribución de alimentos para la población más vulnerable del País.
