El programa de ‘Precios cuidados’ se inició en febrero de 2014 y se fue prorrogando a su vencimiento. Cuando asumió el Gobierno de Alberto Fernández en el 2015, tomó ese programa y lo fue prorrogando cada cuatro meses.
El lunes fue publicada en el Boletín Oficial la decisión del Gobierno nacional de extender el programa hasta finales de junio, en su mayoría de alimentos, aunque no provocó sorpresas entre los empresarios del sector simplemente porque ya habían sido advertidos antes del fin de semana.
Sin embargo, las principales firmas del sector evaluaron la situación y tomaron nota del pedido del Gobierno. Y aunque no habrá nuevos reclamos hasta dentro de algunas semanas, ya avizoran el escenario de que se empezaría a notar estos días en las góndolas de los supermercados y de los autoservicios.
“No podemos trabajar a pérdida. Nadie nos puede obligar a perder plata. Seguramente habrá productos que dejaremos de fabricar”, advirtió a un medio especializado en economía uno de los empresarios más reconocidos del sector.
La novedad de la prórroga del programa había sido transmitida por Daniel Funes de Rioja, titular de la Copal –la cámara que agrupa a los fabricantes de alimentos–, quien fue contactado por el ministro Matías Kulfas.
El empresario había concurrido a ese encuentro con carpetas repletas de números que justificaban el pedido de las grandes compañías para que se les reconociera un incremento de los costos, que iba del 7% al 10%, pero no para aplicarlos de un solo golpe sino de manera gradual durante el próximo trimestre.
El plan de las empresas
En concreto, la evaluación que están realizando varias de las compañías fabricantes pasa por aminorar o, en el peor de los casos, suspender, la elaboración de los productos de precios más bajos, que son los que tienen menor margen de rentabilidad.
En la lista figuran: salsas de tomates, fideos, polenta, harina, yerba, y algunos productos lácteos.
Justamente, se trata de los alimentos en los cuales se habían reclamado incrementos en los precios. Los empresarios argumentan que, en un país con una inflación interanual del 50%, resulta imposible sostener un freno de 70 días, ese reclamo chocó con la postura inflexible del Gobierno.
En plena cuarentena, y con subas imparables en los alimentos regidos por la estacionalidad (frutas y verduras), Kulfas rechazó la aplicación de cualquier ajuste en las listas de ‘Precios máximos’, que incluyen a más de 2.000 productos.
Entre las subas, en los costos figura lo que sucedió con el valor del trigo, que se encareció 30% en los últimos meses.
En estos sectores se explica que el 70% del costo de los aceites envasados se encuentra en la materia prima. A modo de ejemplo, explican que el aceite crudo de girasol aumentó de $38,4 la tonelada a $ 43,5, es decir, un 13,3%.
También adjudican responsabilidad al precio del dólar que, aunque estabilizado, muestra un constante encarecimiento, que en el año ya acumula 12 por ciento, sin que ese incremento se haya trasladado a los precios.
Reclamo de los comerciantes
Por su parte, la Federación Argentina de Supermercados y Almacenes (FASA) criticó con dureza los últimos aumentos originados en las empresas productoras advirtieron posibles desabastecimientos en los pequeños comercios y denunciaron el aumento “exorbitante” de precios por parte de los proveedores, un problema que venían denunciando desde la Cámara de Supermercados Mayoristas ya venían anticipando.
“La industria está cuantificando las entregas ante la imposibilidad de cumplir con muchos de esos precios fijados por el Gobierno y se anticipó desde el sector que “no recibirán productos con aumentos de precios”.
De ahí la denuncia de posible desabastecimiento en ciertos productos de la canasta básica para los próximos días si esto no se modifica en breve, denunciaron desde FASA.
Los comercios chicos encabezan la protesta pues pretenden cumplir con los programas del Gobierno para no ser multados, una cuestión que será imposible si no se modifican éstos sobreprecios.
“Lo que más nos preocupa es el control de los precios máximos”, indicó Alberto Guida, presidente de la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM). Es que a partir del 13 de marzo el Gobierno, a través de una resolución, dispuso retrotraer los precios al 6 de marzo. “Los valores de referencia son los que los supermercados informamos al programa Precios Claros, lo cierto es que en lo que respecta a mayorista solo entre siete u ocho cadenas brindan esa información”, explicó.
Se suma a esto que la AFIP controla con la misma vara a los comercios de cercanía, los grandes supermercados y las cadenas mayoristas, sin tomar en cuenta valores de referencia por lo que, según señalan, “hay muchas clausuras”.
El panorama también es complejo para las empresas proveedoras, que denuncian que se sienten ahogadas con los controles del Gobierno. “Nosotros no subimos los precios desde noviembre del año pasado, teníamos previsto hacerlo en mayo, pero hay una circular de la Secretaria de Comercio que nos lo impide”, explicó uno proveedor.
Los reclamos vienen en cadena: “no podemos aumentarle a los supermercados, pero no está regulado lo que los proveedores le aumentan a los productores. Todos nuestros productores ajustaron sus precios desde la cuarentena, eso hace que nos ahoguen sumado a que nos cambiaron hoy las condiciones de pago”, concluyó.
Una cadena compleja
Refiriéndose a estos aumentos, Héctor Polino, presidente de Consumidores Libres, opinó que “son maniobras especulativas que la industria alimentaria realiza sobre minoristas y mayoristas. En frutas, verduras, carnes y huevos es donde se producen las mayores distorsiones en precios, en algunos casos por razones estacionales y en otras de logística”.
Y consideró que “el problema de los precios es más complejo que el precio que uno pude observar en la verdulería, almacén o panadería del barrio. Hay varios eslabones y el comerciante minorista es el último eslabón de la cadena. Puede darse el caso de que los aumentos abusivos se produzcan en los eslabones anteriores”.
“Habría que aplicar y poner en funcionamiento la ley Observatorio de Precios que aprobó el Congreso en el 2014, salvo algunos meses de ese año, luego nunca se aplicó. La ley dice que funcionarios del Ministerio de Economía, con representantes de tres entidades de defensa de los consumidores observan la evolución de los precios desde la materia prima hasta que el producto está a la venta”, opinó Polino.