México ocupa el lugar 11 entre los mayores productores de alimentos en el mundo y tiene una balanza agroalimentaria superavitaria de más de 5 mil millones de dólares; gracias a que en las últimas dos décadas casi multiplicó por cinco sus exportaciones, al pasar de 7 mil millones de dólares en 2007 a 33 mil millones de dólares en 2017. Las exportaciones agroalimentarias generan más divisas que las remesas familiares (28 mil mdp), exportaciones petroleras (24 mil mdp) y el turismo extranjero (21 mil mdp).

En este contexto, el presidente López Obrador anunció dos nuevas medidas de política pública para el sector. La primera, crear un organismo de Seguridad Alimentaria (Segalmex) para el acopio, abasto y comercialización de alimentos; muy parecido al sistema Alimentario Mexicano creado en 1980 por el presidente José López Portillo. La segunda es la adopción de precios de garantía, una medida instrumentada en el país por casi cuatro décadas a partir de 1953.

El programa de precios de garantía estará a cargo de Segalmex que prevé destinar 6 mil mdp para beneficio de 2 millones de agricultores, es decir un beneficio anual promedio de 3 mil pesos por productor. El pago por tonelada de producto será de: 5 mil 610 pesos en el caso del maíz; 14 mil 500, por el frijol; 5 mil 790, por el trigo; 6 mil 120 por el arroz y 8.20 pesos por cada litro de leche. La intención del programa según el presidente López Obrador, es la autosuficiencia alimentaria del país y apoyar a los productores. La autosuficiencia es algo inalcanzable dado que la dimensión del programa es acotada. Lo importante es tener seguridad alimentaria, es decir, abasto de alimentos a precios competitivos, aunque vengan de otros países. El apoyo a los productores, en el caso del maíz será un subsidio de 2,610 pesos por tonelada producida, considerando que el precio internacional del maíz ronda 3 mil pesos. Pero, los precios de garantía tienen implicaciones negativas que se deben analizar:

Distorsionan el mercado. Al no haber un precio fijado por el mercado deja de haber una referencia de relativa escasez o abundancia. Se desplazan medios y fuerzas productivas a sectores menos eficientes, es decir, el país en conjunto se vuelve menos productivo.

Dan espacio a la corrupción. El gobierno comprará a precios altos para vender a precios bajos, ¿quién será el beneficiado de los precios bajos? También habrá campesinos que compren maíz para venderlo al gobierno.

Limitar el precio políticamente. El gobierno al convertirse en un gran comprador, en un escenario inflacionario puede determinar precios de compra por debajo del precio de mercado argumentando control de precios para evitar alza en los bienes básicos.

Se pierde la oportunidad de invertir en bienes públicos. El dinero destinado al subsidio podría generar mayores beneficios si se construyeran presas, sistemas de riego tecnificado, caminos para sacar cosecha, etc.

En síntesis, el programa de precios de garantía no servirá para crear mayores capacidades productivas de los campesinos. Por el contrario, representa replicar un modelo burocrático antiguo que encarece el costo operativo del reparto de subsidios.