La decisión ya está tomada: el programa de Precios Máximos tendrá una nueva prórroga, aunque los detalles de la renovación recién se conocerán en los próximos días. Entre las definiciones que quedan por resolver figura la magnitud de los aumentos de los productos que continuarán bajo control del Estado.
La otra gran precisión que queda por resolver ya no tiene que ver con los precios sino con la cantidad de productos que saldrán del programa. A cuáles se dará de baja, y ya no quedarán bajo el radar de la poderosa secretaría de Comercio Interior.
Existe una fuerte presión por parte de los principales fabricantes de alimentos del país, que reclaman el final de “Precios Máximos”, vigente desde el inicio de la pandemia. Desde entonces tuvieron dos ajustes de precios: ambos de entre 4% y 9%, uno en julio y el último en octubre del año pasado.
En forma simultánea se fueron deslistando algunos artículos. Cabe destacar que “Precios Máximos” es el principal programa de control en las góndolas. Comenzó con el congelamiento de 100.000 productos. Según los empresarios, ahora la cantidad ronda en unos 70.000 artículos de distintas categorías de alimentos y productos de higiene y limpieza.
En todo caso, muchos más que los 660 productos que se mantienen bajo el rótulo de “Precios Cuidados”, cuyo vencimiento es el próximo 7 de abril, y que también será extendido por otros tres a cuatro meses.
Para el Gobierno, ambos programas cumplen con un doble objetivo: una referencia de precios para los consumidores -en medio de una dinámica de alta inflación- y también como un freno al impulso alcista de los precios en el rubro más sensible en términos sociales, como son los alimentos.
Efectivamente, los precios de los alimentos envasados (o industrializados) -como los fideos, arroz, harina, manteca, margarina- subieron menos que la inflación promedio. Y están varios escalones por debajo de los alimentos frescos, como las carnes o los lácteos.
Lo que para los funcionarios resulta un activo -que los precios de los alimentos envasados corran por detrás de la inflación promedio-, para los empresarios resulta todo lo contrario. Reclaman aumentos bajo el argumento de que los precios de lista se encuentran 25% retrasados.
Los “trucos” de las empresas para eludir el control
En las últimas semanas se hizo evidente la aparición de una vía de escape para saltar esa valla: varias de las alimenticias más grandes sacaron al mercado productos “novedosos” que ya no forman parte de las regulaciones. Es decir, tienen precios de “mercado”, ya sin el control estatal.
Esos productos van ganando espacio en las góndolas. En algunas oportunidades quitando protagonismo a los artículos que sí se encuentran bajo regulación estatal.
En las últimas semanas fue notoria la escasez en las góndolas de aceites, arroz y yerbas, entre otros productos de la canasta básica.
En el caso de los aceites hubo una negociación que terminó en un acuerdo con los fabricantes. Pero también sucedió que algunas marcas volvieron al mercado bajo el rótulo de aceite de girasol “alto oleico”, lo que les permitió zafar de los controles y sumar una remarcación en la venta al público.
Otra aparición controvertida fue la de envases de aceite “reducido en sodio”. O la “harina con vitaminas y zinc”. Y el postre en polvo para preparar “con vitaminas”. O la “yerba premium”. O directamente el paquete de galletitas con menos unidades o con galletitas más pequeñas.
También sucede con el arroz, que a su vez atraviesa una situación muy particular por la escasez en Brasil y la pandemia. Y con los fideos, en los que se dan distintas situaciones: la aparición de nuevas marcas más caras (de mayor calidad) -por un lado- y también la presentación de marcas propias de los supermercados o de molinos que comenzaron a hacerse un lugar en el mercado ofreciendo paquetes de fideos, que cumplen con los precios “oficiales”.
“Y ni hablar de la baja en la calidad de algunos productos” comenta una fuente del sector lácteo que -sin dar nombres por obvias razones- menciona casos de quesos untables con menor proporción láctea y más humedad, con el único objetivo de mejorar la ecuación de rentabilidad.
También de leches larga vida que aparecieron con nuevas vitaminas incluidas en sus fórmulas, y con precios más elevados.
O las mermeladas, que también se han empobrecido en lo que refiere a la calidad de los productos.
Se trata de una estrategia muy clara de cómo saltar las regulaciones y aplicar precios más caros. Las diferencias entre los productos clásicos -por así llamarlos- y los novedosos con aditamentos suelen escalar entre 25% y 35%, según los casos.
Desde el Gobierno admiten que los constantes cambios en el mercado dificultan los controles. Aunque, en simultáneo, los funcionarios saben que no pueden (ni pretenden) mantener esas regulaciones para siempre. “No somos Moreno”, suelen repetir cuando los empresarios se quejan.
La idea es desmontar esos programas de manera paulatina, a sabiendas de que la pandemia no terminó y que la presión alcista de los precios continúa, en el marco de un mercado social y laboral que está lejos de normalizarse.
La pulseada que se viene
Esta semana que se inicia será más corta pero también más intensa.
Porque -como quedó dicho más arriba- Comercio Interior debe resolver de qué manera continuará tanto “Precios Máximos” como “Precios Cuidados”.
Pero la pelea de fondo tendrá que ver con la implementación del Sipre (“Sistema Informativo para la Implementación de Políticas de Reactivación Económica”), por el cual el Gobierno busca tener información sobre los precios, las ventas y el stock de mercadería de las empresas.
Como adelantó iProfesional la semana pasada, la cuestión se vive bajo extrema tensión del lado empresarios. Los ejecutivos se resisten a compartir esa información con el Estado.
Esta semana, las principales empresas de la alimentación recurrirán la medida ante Comercio Interior pero el Gobierno ya decidió que no hará lugar a la protesta y continuará con la medida.
Los empresarios están obligados a enviar la información a partir del jueves 1°. Por la Semana Santa, esa cuestión pasó para el lunes 5 de abril.
Las principales empresas alimenticias del país irán a la Justicia en lo Contencioso Administrativa para intentar que un juez les dé la razón: básicamente plantearán que varios datos que les pide el Gobierno son confidenciales y hacen a la competencia entre las compañías y que, por otra parte, les insume costos adicionales que no están dispuestas a aceptar.
La pulseada está planteada. La relación entre el Gobierno y los empresarios de la alimentación, está a la vista, atraviesa el peor momento desde que explotó la pandemia.