Pocos minutos habían pasado, el último sábado, desde que Alejandra Bada Vázquez había cerrado su discurso sobre lo que atraviesa la pyme que fundó su padre, Vidal Bada Blanco en 1981, cuando los productores, comerciantes y familias comenzaron a dispersarse tras el “abrazo solidario”, realizado a la firma ubicada en esta localidad de 470 habitantes del partido bonaerense de Carlos Casares. Las palabras de aliento hacia la empresaria fueron extensivas a lo largo de la tarde, con las que algunos desearon una solución rápida, pero también hicieron alusión a “una mafia sindical”.
A mitad de la cuadra, sobre Corrientes, una de las pocas calles con cemento, la fuerza del viento hizo volar un vaso de plástico de la cabina de la camioneta de un productor que se había acercado al “abrazo solidario”, que se desarrolló frente a la planta de Lácteos Vidal, que fue bloqueada hace casi un año en el marco de una disputa por recategorizaciones y arrastra desde entonces un conflicto con exempleados y el sindicato lechero.
A menos de 20 metros, delegados justamente de Atilra y algunos exempleados comenzaron una discusión con el productor, a quien le recriminaban supuestamente ensuciar el lugar. Basta hablar cinco minutos con los vecinos para sentir la tensión que se vive en Moctezuma. Allí dicen que hubo algunos que se dejaron de saludar.
Los enfrentamientos se volvieron moneda corriente, aunque los delegados del sindicato negaron estas versiones a LA NACION. En una escuela local, a la que asisten 54 alumnos y recibe 10 litros de leche por día de la empresa, también han sentido los coletazos del conflicto. Por un lado, están las madres de los chicos cuyos maridos están afuera de la firma y toman partido de la situación; por otra parte, están aquellas que cuyos esposos trabajan en la fábrica.
“Si pasás te dicen cosas, te gritan vendido… ¡Pavadas! Nosotros no tenemos la culpa. Queda feo porque acá todos nos conocemos, nos cruzamos todos los días con los vecinos. Ellos están ahí porque quisieron”, contó una vecina del lugar. Su marido se adhirió el año pasado a la medida de fuerza durante una semana. Cuando Arturo Díaz, apoderado y director técnico de la fábrica, llamó al personal para volver al trabajo decidió regresar. “Si ellos quisieron volver a trabajar que los dejen, y si los otros piden cosas, que lo hagan con respeto. A nadie le gustaría quedarse sin trabajo”, agregó.
Algunos de los empleados actuales que estaban dentro de los cerca de 300 asistentes se acercaron a Bada Vázquez en el abrazo simbólico y quisieron retratar el momento con una foto. Hubo otros que prefirieron quedar fuera del marco, quizás, para no acrecentar la rispidez que se siente en el ambiente.
Pablo Villano, presidente de la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas Lácteas (Apymel), dijo que en los anteriores conflictos con Atilra nunca había estado presente el sector de la producción, como ahora en el abrazo solidario. “Nos tenemos que dar cuenta que esto es la producción: los dos eslabones de la cadena lácteos son el tambo y la industria.
Dentro de los socios nuestros, Apymel hay un 40 o 45% de industrias que tienen tambo. Nuestra relación con el tambero es directa. Cuando hay una crisis como esta, con un inicio totalmente confuso y una injusticia total como acelerar un conflicto tan duradero, es donde tenemos que estar unidos, porque tenemos que lograr la defensa del trabajo. Nosotros no somos enemigos de los trabajadores ni de los tambos. Todos tenemos que estar y todos somos necesarios”, afirmó.
Todos hablan del conflicto, pero también bregan por un arreglo pronto. Reconocen, además, que a partir de ahora cualquier conflicto que haya en la industria no va a ser igual.
“Desde el minuto cero entendemos que la manera de negociar entre empleados y empresarios no es la que usan: aprietes, amenazas y toma de fábricas. Es una manera de ejercer el poder totalmente ilegal y es peligroso. Acá hubo cuestiones que no salieron a la luz: hubo corridas de noche, los empleados que estaban de huelga amenazaban a los que querían entrar de noche en este pueblo.
Hay muchas prácticas que no se pueden dar en la Argentina que no queremos. Los trabajadores tienen derecho a pedir o exigir lo que quieran y se determina a través de la Justicia si eso corresponde o no, pero las mafias se tienen que terminar en la Argentina y este es un gremio que está muy acostumbrado a atropellar”, dijo Ignacio Kovarsky, vocal de la Sociedad Rural de Trenque Lauque y secretario de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap).
El productor explicó que “hay acompañar, porque se vienen muchas discusiones”, que se tiene que salir adelante y el “no dar lugar a este tipo de aprietes. Es una de las cosas que tenemos que ponernos de acuerdo, porque si no esto no va a salir adelante. Hay que pedir racionalidad la Justicia y tienen que saber que hay mucha gente viendo qué es lo que hacen y no se va a arreglar así, nomás cediendo todo, porque cada vez que se cede con cosas que no son justas la próxima fábrica va a tener que ceder más”, puntualizó.
“Esto demuestra el nivel de hartazgo a todas las mafias sindicales que obstruyen el trabajo y atentan justamente con una Argentina libre que pueda salir a producir en estos pueblos chiquitos. Este es un pueblo de tres cuadras por tres cuadras. Si esta industria desaparece, la gente se tiene que ir a Carlos Casares o 9 de Julio.
Esta es la defensa no solo del trabajo, sino del estilo de vida del interior y el arraigo. Las empresas de la industria láctea son las que más puestos de trabajo generan en el interior y no solamente en la industria, sino en el tambo, que genera que el empleado tiene que vivir en el campo”, agregó el productor Luciano Bugallo, que también es legislador bonaerense por la Coalición Cívica-ARI.
El conflicto, dicen algunos, tomó mucha trascendencia porque “fue algo medio violento”. Bugallo agregó: “Tenemos que poner un límite a los gremios y las mafias sindicales muchas veces disfrazadas detrás de la defensa y los intereses del trabajo.
Buscan intereses corporativos que no tienen nada que ver con la empresa ni los trabajadores. Ellos son sindicalistas rentados, seguramente puede haber algún trabajador que muchas veces se dejan contaminar la cabeza, pero la mayoría son empresarios de la pobreza, generan eso. Viven del conflicto, de generar piquetes. Les pagan por eso, están acá tranquilos porque les están pagando por cada día que estén acá. Si esto desaparece, desaparece Moctezuma”.
Juan Andrés Flores Belaúnde, un extambero de 9 Julio, cuyo emprendimiento tuvo que cerrar en 2018, explicó que lo trajo hasta este lugar “la defensa de los de los derechos que tienen los empresarios, de tomar las decisiones” y que estos se tienen que hacer “dentro del marco de la ley”, y sin “las presiones que hay de los sindicatos”.
Hace un año, cuando se desató el conflicto que derivó en una conciliación obligatoria el 20 de julio de 2022 del Ministerio de Trabajo y que venció días después, el sindicato insistió con la medida de fuerza. “Primero la carpa estuvo allí frente a la fábrica, la hicieron sacar y la movieron para este lado. Ahora, eso es un terreno municipal”, dijeron los vecinos.
Mientras se hacía el acto, los delegados del gremio y algunos empleados siguieron atentamente las palabras de la dueña. Cuando LA NACION intentó hablar con ellos, en un principio se negaron, aludiendo que “el jefe”, uno de los chicos que vestía la campera de Atilra, estaba al lado y dijo que no. “Gracias por venir y acercarte”, respondieron.
Un vecino que los acompaña acotó que “el pueblo” no estaba bloqueado ni tomado por el gremio. “Lácteos Vidal no es una pyme como dicen. Trabajan 210.000 litros diarios, no es una pyme. Nosotros no queremos que la empresa se vaya, sino que pague lo que es justo”, puntualizó.
“Somos exempleados y estamos en huelga, porque no pagan lo que corresponde. Lo único que le pedimos es que paguen lo que corresponde. Hay gente con 30 años en la empresa que tiene categoría B y que tiene que estar en la D. Nunca se bloqueó ni se apretó a ningún trabajador”, dijeron.
La postura del gremio
El viernes pasado, en el marco de una audiencia convocada por el juez José Ignacio Ramonet, que tiene una causa donde le trabó un embargo por $5 millones a Lácteos Vidal por no reincorporar a una veintena de despedidos en el marco del conflicto, Bada Vazquez ofreció su expersonal pasar a vender sus productos.
Además, desde Atilra dieron la siguiente versión: “La audiencia que se llevó a cabo el pasado viernes en el Juzgado Nacional del Trabajo N° 69 entre lo trabajadores de Lácteos Vidal y los propietarios de la empresa representada por su dueña, Alejandra Bada Vázquez, no se llegó a ningún acuerdo de ninguna naturaleza”. Según el gremio, “la empresa hizo una oferta de pagar el 50% de las indemnizaciones” y esta opción “no sólo fue rechazada por los trabajadores sino que fue inadmisible para el juez de la causa”.
“Bada Vázquez ha dicho hasta el cansancio en todos los medios, que luego de la huelga hecha por los trabajadores de la empresa para que su cumpla el Convenio Colectivo de Trabajo ella ‘perdió la confianza’ y los despedía por temor a un ‘sabotaje’ o ‘boicot’. Ahora dice que podrían vender sus productos y seguir teniendo relación con la empresa”, señalaron en Atilra.
