La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha multado recientemente con más ochenta millones de euros a diez de las principales industrias lácteas que operan en España por prácticas realizadas entre los años 2000 y 2014.
Esta multa tiene su fundamento en que estas empresas, y otras más cuya actuación se considera prescrita, compartieron información de los precios de compra, pactaron precios de la leche cruda comprada a los ganaderos e incluso llegaron a cederse ganaderos entre dichas empresas lácteas.
Según la resolución de la CNMC “estas estrategias estarían permitiendo a la industria transformadora limitar la capacidad y la libertad de elección por parte de los ganaderos, viéndose abocados a aceptar sus decisiones” y “habría permitido a las empresas […] adoptar una política común consistente en ejercer un control absoluto sobre la industria ganadera, cuya dependencia de la industria transformadora les obliga a plegarse a las exigencias de las empresas con mayor poder en el mercado”. Todo esto redunda en una clara distorsión del mercado.
Estos hechos han perjudicado gravemente a los ganaderos, que ha visto limitado el precio que se pagaba por su leche. No hay que olvidar que el sector lácteo español está sufriendo una reducción paulatina del número de explotaciones y el precio que las industrias lácteas abonan por la leche apenas da para cubrir los gastos de producción de las granjas.